El Gobierno federal alista una estrategia de respaldo jurídico para apoyar a Israel Vallarta en la presentación de demandas por daño moral en contra de los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva. Así lo dio a conocer el analista político y periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, en la que advierte sobre una ofensiva legal respaldada desde la Presidencia para impactar el ejercicio del periodismo crítico en México.De acuerdo con la información expuesta por el columnista, la instrucción presidencial contempla el involucramiento directo de mandos clave en materia de comunicación e gobernabilidad."La decisión de ir contra Loret y Gómez Leyva subraya la voluntad presidencial de entrar en confrontación con los medios y periodistas críticos, buscando provocar un effecto inhibidor sobre la libertad de expresión".Israel Vallarta, detenido en diciembre de 2005 por su presunta vinculación con la banda de secuestradores "Los Zodiaco", ha sostenido públicamente que interpondrá acciones legales tras acusar afectaciones a su imagen pública. Sin embargo, Riva Palacio señala que la particularidad de este proceso no radica en la iniciativa individual de Vallarta, sino en el respaldo institucional del Estado.Según lo revelado por el periodista, en la articulación de este plan jurídico participan figuras del actual aparato gubernamental:La acusación central contra Carlos Loret de Mola se deriva de la cobertura televisiva realizada en 2005 sobre el caso Cassez-Vallarta. Al respecto, Riva Palacio precisa que dicha transmisión consistió en "una recreación de algo que ya había sucedido", descartando la existencia de un montaje deliberado por parte del informador y recordando que las violaciones al debido proceso respondieron a actuaciones de las autoridades policiales de la época.Por su parte, la inclusión de Ciro Gómez Leyva en la pretensión demandante se vincula a la cobertura editorial que el periodista ha otorgado a lo largo de los años a las testimoniales de las víctimas directas de secuestro.Analistas y defensores de los derechos de la información observan este movimiento institucional con preocupación. Riva Palacio advierte que el uso del aparato estatal para litigar contra comunicadores sienta un precedente preocupante mediante la generación de mecanismos de presión indirecta.El texto subraya que el acoso legal o la amenaza de sanciones económicas encajan dentro del concepto jurídico conocido en el derecho internacional como chilling effect o efecto inhibitorio:"La libertad de expresión no se mide únicamente por la censura directa o a la previa censura, sino que incluye lo que se le conoce como el chilling effect, que inhibe, paraliza o silencia al periodista o a cualquier ciudadano... desalientan el periodismo crítico o de investigación y amenazan sus libertades".La revelación coincide con un contexto de alta tensión entre los medios de comunicación y el Ejecutivo federal, derivado también de discusiones legislativas recientes en torno a la regulación de audiencias y contenidos en el país.Con información de Raymundo Riva Palacio*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
