El Gobierno de México confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, tras detectarse irregularidades en un operativo que reportó el decomiso de más de 59 millones de litros de combustible. La decisión fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.La remoción del funcionario responde a una serie de anomalías en la ejecución y comunicación del aseguramiento, realizado el 4 de septiembre en una terminal de almacenamiento en el municipio de San José Iturbide. Según las autoridades federales, el operativo se llevó a cabo sin verificar exhaustivamente la documentación de las empresas involucradas y se informó al público casi dos semanas después, el 17 de septiembre.El caso cobró relevancia nacional cuando la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato presentó el hecho como un golpe histórico contra el huachicol. Sin embargo, la falta de sustento documental sobre la ilegalidad del hidrocarburo obligó a la FGR a intervenir directamente desde sus oficinas centrales para revisar el actuar de su propia delegación estatal.La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la investigación original fue iniciada por la delegación de la FGR en Guanajuato, con apoyo de la policía estatal, a partir del seguimiento de pipas que presuntamente no contaban con los registros necesarios. No obstante, la mandataria aclaró que la fiscalía general no participó en la planeación del operativo a gran escala.Juan Francisco Vera Ayala es un abogado egresado de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), con una maestría en Juicios Orales por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Su perfil profesional destaca por su especialización en estrategias de litigación y el sistema penal acusatorio, enfocado en delitos de alto impacto.A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en instituciones de seguridad y procuración de justicia a nivel federal y estatal. Trabajó como agente del Ministerio Público de la Federación y formó parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).Su experiencia también incluye responsabilidades en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Además, desempeñó funciones en las fiscalías estatales de Tabasco y Puebla, especializándose en casos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada.El exfuncionario asumió la titularidad de la delegación de la FGR en Guanajuato el 28 de enero de 2026. Su gestión en la entidad duró apenas ocho meses, concluyendo abruptamente tras la controversia generada por el aseguramiento en San José Iturbide y la posterior revisión de sus procedimientos.Ante las inconsistencias detectadas y el pronunciamiento de la empresa operadora de la terminal, Grupo SIMSA, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) decidió atraer la carpeta de investigación. La compañía rechazó las acusaciones de irregularidades, defendió la legalidad de sus operaciones y entregó la documentación correspondiente a las autoridades.García Harfuch puntualizó que, hasta el momento, no se ha comprobado que los 59 millones de litros de gasolina y diésel incautados sean producto del contrabando o robo de hidrocarburos. La FGR se encuentra en un proceso de verificación desde el primer aseguramiento para contrastar los permisos y facturas presentadas por las empresas.La FEMDO mantiene las pesquisas abiertas para determinar si las actividades en la terminal de almacenamiento se encuentran dentro del marco legal o si existe alguna operación que exceda los permisos otorgados. Mientras este proceso avanza, el exdelegado permanece separado de su cargo para facilitar las indagatorias internas.Guanajuato se ha mantenido durante años como uno de los principales focos de robo y tráfico ilegal de combustibles en el país. Este contexto de disputa entre organizaciones criminales por el control de economías ilícitas añade complejidad a un caso que pasó de ser un decomiso histórico a una investigación sobre el propio actuar de las autoridades.
