El Senado avanza en una nueva legislación para endurecer las penas contra la extorsión, con castigos que podrían llegar hasta 42 años de prisión para quienes cometan delitos como los montachoques, el cobro de piso o las extorsiones telefónicas realizadas desde centros penitenciarios. Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos distribuyeron ayer el proyecto de dictamen, que será votado hoy.La propuesta incorpora modificaciones respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de elevar las sanciones a extorsionadores y a las autoridades que permitan o no denuncien estos delitos. El dictamen fija una pena base para el delito de extorsión de entre 15 y 25 años de cárcel, pero incluye agravantes que llevan la sanción máxima hasta los 42 años en casos de mayor impacto o violencia hacia las víctimas. La nueva ley contempla castigos de hasta 20 años de prisión para policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que omitan denunciar actos de corrupción de los que tengan conocimiento. También se prevé una pena de hasta 12 años para quien ingrese teléfonos inteligentes u otros dispositivos que permitan realizar llamadas o transmitir imágenes dentro de centros de reclusión. CT
