Tras la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión, Fernando Jiménez Sánchez, experto en seguridad e investigador del Colegio de Jalisco, aseguró que la reforma es positiva, pues aumenta las penas de prisión y otorga al Estado la facultad de investigar el hecho de oficio –es decir, sin que sea necesario presentar una denuncia-, pero advirtió que se debe vigilar el actuar de las autoridades en su aplicación."Esto abre muchas posibilidades para que las autoridades puedan investigar adecuadamente el delito sin poner en riesgo la identidad y a la persona que está sufriendo una extensión. Por otro lado, el aumento de las penas es de mucha utilidad porque nos ayuda a que (los presuntos criminales) estén un mayor tiempo en prisión", dijo.Con esta nueva ley, se contemplan penas de cárcel de hasta 25 años, dependiendo los agravantes. Además, también se habilitó la denuncia anónima a través del número 089. El experto también destacó la homologación del delito de extorsión en todos los estados, lo que calificó como una "muy buena idea" a fin de que todas las autoridades actúen en coordinación. "Es una mejora sustancial. La implementación probablemente cueste trabajo, pero en el papel, la reforma es adecuada".Sin embargo, en este sentido, alertó que, como en todos los delitos, las autoridades pueden abusar de las nuevas medidas, así como de la prisión preventiva oficiosa o que las carpetas de investigación se abran "a modo". Por ello, consideró importante implementar un sistema de vigilancia con la reforma, en el que se monitoree todo el proceso en la integración de la investigación."Ahí es el hueco. Lo que se esperaría es que pudiera estar acompañado por un sistema adecuado de vigilancia de todo el proceso en este tipo de carpetas, porque la extorsión es un delito complicado. Por ejemplo, cualquier acusación podría ser, en cierto caso, una carpeta de investigación, y eso implica ya directamente ir a prisión. Hay que vigilar mucho que las instituciones actúen adecuadamente y sigan la ley", apuntó. YC