La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reduce la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, un cambio que modifica uno de los pilares históricos del mercado de trabajo nacional. Sin embargo, aunque el dictamen ya avanzó en el Congreso, su aplicación aún requiere varios pasos antes de convertirse en una realidad operativa para empresas y trabajadores.La modificación eleva a rango constitucional el nuevo límite de horas de trabajo y garantiza al menos un día obligatorio de descanso por cada semana laborada. Se trata de un ajuste estructural que impactará tanto a los más de 13 millones de trabajadores estimados como beneficiarios, como a los modelos de organización interna de las empresas.Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proceso no concluye con la votación en la Cámara de Diputados. El siguiente paso es que al menos 17 congresos estatales avalen la modificación. Solo tras esa aprobación mayoritaria podrá declararse válida, promulgarse y publicarse oficialmente. Es decir, la reducción de la jornada no entrará en vigor de inmediato.Una vez superada esa etapa, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días para armonizar la Ley Federal del Trabajo y establecer las reglas específicas que deberán cumplir los centros de trabajo. En ese periodo se definirán criterios técnicos, lineamientos de inspección y los ajustes normativos necesarios para su implementación.El proyecto contempla, además, una aplicación gradual, este año funcionará como fase de transición. La primera reducción efectiva se prevé para 2027, cuando la jornada máxima pasará a 46 horas semanales. A partir de entonces disminuirá dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030 como nuevo límite legal.La reforma también introduce cambios en materia de horas extraordinarias. Las horas extra pagadas al doble tendrán un tope de 12 horas por semana, mientras que las llamadas horas triples quedarán limitadas a cuatro horas semanales. Hasta ahora no existía un límite claramente definido para este último esquema. Asimismo, se prohíbe a los empleadores reducir salarios o prestaciones durante la transición como consecuencia directa de la disminución de horas laborales, y se establece que las personas menores de 18 años no podrán realizar trabajo extraordinario.Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha argumentado que el objetivo central es mejorar el equilibrio entre vida personal y laboral, disminuir la fatiga y reducir riesgos asociados a jornadas prolongadas. De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida impactará principalmente a trabajadores de manufactura, comercio y servicios.No obstante, el impacto principal será operativo, esto quiere decir que la reforma no implica producir menos, sino reorganizar procesos para mantener niveles de productividad con menos horas disponibles. Para muchas empresas, especialmente aquellas con operaciones continuas o intensivas en mano de obra, el ajuste significará rediseñar turnos, contratar personal adicional o invertir en automatización. En sectores integrados a cadenas globales o con procesos digitalizados, los cambios podrían centrarse más en la optimización organizacional.En términos estructurales, la reducción de la jornada modifica una referencia vigente durante décadas. Más allá del número de horas, el cambio redefine la manera en que las empresas planean su productividad, administran talento y estructuran sus costos laborales. Aún faltan validaciones estatales y ajustes normativos, pero el proceso legislativo ya está en marcha. YC
