La huelga en el Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir ocho meses, mientras las negociaciones entre sindicato y patronato permanecen estancadas. Aunque los procesos legales han entrado en sus etapas finales y han surgido nuevas propuestas de solución, el conflicto aún parece lejos de resolverse.El 10 de febrero, un juez de Distrito en Materia de Trabajo declaró inexistente la huelga al determinar que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios. En respuesta, la representación de los trabajadores interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito.El Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer la facultad de atracción y pronunciarse sobre la legalidad de la huelga.Si la SCJN desecha la revisión al considerar que se trata de un asunto de carácter legal, no constitucional, corresponderá al Tribunal Colegiado emitir una resolución. En cualquiera de los escenarios, el fallo será definitivo.Este punto del proceso permite anticipar el posible desenlace del conflicto, aunque también deja ver que la resolución aún podría demorarse.La decisión de la SCJN sobre si ejercer o no la facultad de atracción podría prolongarse por más de dos semanas. En caso de asumir el caso, tendría que elaborarse un proyecto de resolución y someterlo a votación, un procedimiento que podría extenderse durante varios meses.De hecho, la asignación del expediente a un ministro para la elaboración del proyecto de sentencia podría tardar más de un año.Si la SCJN decide no atraer el asunto y remite el expediente al Tribunal Colegiado, será este órgano el encargado de emitir una resolución definitiva, lo que podría ocurrir en un plazo de entre uno y tres meses.Aldo Torres, vocero del Nacional Monte de Piedad, estimó ayer que la huelga podría prolongarse un año más en caso de que la SCJN atraiga el caso.También advirtió que, durante ese tiempo, los trabajadores permanecerían sin recibir salario y que la Corte sólo resolvería sobre la legalidad de la huelga, sin abordar el fondo del conflicto.La decisión del sindicato de continuar por la vía legal contrasta con la postura del patronato, que se ha pronunciado a favor de aceptar el ofrecimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La dependencia ha planteado elaborar una propuesta para someterla a votación de los trabajadores, cuyo resultado sería vinculante para ambas partes.No obstante, la STPS no ha hecho pública la propuesta y el sindicato ya adelantó que no está de acuerdo, pues asegura que el patronato pretende aprovechar esta alternativa para introducir en la discusión temas distintos al pliego petitorio que originó la huelga.El tema más complicado para alcanzar un acuerdo es la asignación de plazas laborales. Mientras el patronato acusa al sindicato de querer mantener el control sobre las plazas y los ascensos, el sindicato sostiene que la cobertura de vacantes mediante boletinaciones —es decir, el porcentaje de contrataciones decididas por el sindicato—, así como el respeto al escalafón y a los ascensos, forman parte del contrato colectivo de trabajo negociado en 2024.
