En las últimas dos administraciones federales la deuda bruta del sector público federal aumentó. Entre 2018 (cuando López Obrador llegó a la Presidencia) y 2026, la deuda bruta pasó de 11 billones a 20.6 billones de pesos. Casi el doble. Y la tendencia se mantiene durante la presente administración. Las cifras, reportadas por la Secretaría de Hacienda, consideran las obligaciones financieras del Gobierno federal, así como los compromisos asociados con Pemex, CFE y la banca de desarrollo.Para Alejandro Rodríguez Magaña, especialista en Finanzas y Economía y académico de la Universidad Panamericana, el problema no radica únicamente en el crecimiento nominal de la deuda, sino también en su relación con el tamaño de la economía.Explicó que en 2018 la medida más amplia de la deuda representaba 45% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en este año se espera que se acerque al 60 por ciento. “Si el Gobierno está gastando más de lo que ingresa, la diferencia se convierte en deuda”.Identificó los factores principales: los déficits recurrentes, el gasto público rígido, el efecto acumulado de la pandemia, las necesidades de inversión y los apoyos a Pemex y CFE, además del bajo crecimiento económico.Una deuda elevada, señaló, puede ser administrable cuando la economía crece con rapidez; sin embargo, cuando el PIB avanza lentamente, resulta más difícil estabilizar la relación entre deuda e ingresos.Paola Vázquez, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, coincidió en que el endeudamiento responde a una dinámica acumulada en la que el gasto público ha crecido más rápido que los ingresos. Entre 2018 y 2026, indicó, el gasto aumentó 27% en términos reales, frente al 20% de los ingresos.El costo anual de la deuda también se ha incrementado. En 2018, el Gobierno destinó 615 mil millones de pesos al pago de intereses y otros costos financieros. Para 2026, la cifra ascendió a 1.5 billones.Ambos especialistas señalan que la deuda no constituye por sí misma un problema. El punto central, explican, es determinar para qué se utiliza, cuánto cuesta y si genera capacidad productiva e ingresos suficientes para cubrir las obligaciones futuras.Rodríguez Magaña agregó que México no se encuentra entre los países con mayor endeudamiento respecto de su PIB, pero advirtió que deben vigilarse la trayectoria de la deuda, el crecimiento económico y la capacidad de generar ingresos.Paola Vázquez añadió que también debe considerarse el margen fiscal disponible para enfrentar una eventual recesión, un desastre natural o una caída de los ingresos petroleros.Para dimensionar la situación de México frente a otras economías, su nivel de deuda todavía se encuentra lejos de los países con los mayores compromisos en relación con el Producto Interno Bruto. Japón encabeza la lista, con un pasivo equivalente al 204% de su PIB, seguido de Singapur, con 171.9%, y Sudán, con 169.1%. Estados Unidos registra 126 por ciento.Para los expertos, el desafío está en garantizar que los ingresos federales impulsen el crecimiento económico, la inversión y la productividad, en lugar de convertirse en una mayor carga para las finanzas públicas. Para evitar que la deuda pública de México afecte el margen de maniobra de las finanzas federales, especialistas proponen trazar una ruta creíble para disminuir el déficit, revisar la calidad del gasto, ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión e informalidad y proteger la inversión pública productiva.Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, y Paola Vázquez, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincidieron en que el objetivo central no debe ser erradicar el endeudamiento, sino garantizar que este crezca a un ritmo menor que el de la economía y que los recursos captados se traduzcan en mayor capacidad productiva.Al respecto, Rodríguez Magaña señaló que el Gobierno federal debe definir una trayectoria tangible de mediano plazo que reduzca gradualmente el déficit, alcance balances primarios adecuados y evite financiar necesidades gubernamentales permanentes con endeudamiento.“Como recomendación global, yo diría que la meta no debería ser deuda cero. La meta debe ser que la deuda crezca más lentamente que lo que crece la economía, que los recursos que se obtienen mediante endeudamiento generen una capacidad productiva mayor en el futuro”.El académico subrayó la necesidad de analizar las presiones estructurales del presupuesto. “Hay que revisar la calidad del gasto y las presiones estructurales, particularmente esa parte de pensiones y de apoyos recurrentes. Hay que ampliar las bases, reducir la evasión y reducir la informalidad”.Asimismo, instó a “evaluar gastos fiscales antes que simplemente elevar tasas” y urgió a diseñar una solución estructural para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ponga fin a las transferencias recurrentes. Advirtió también que recortar la inversión productiva para disminuir el déficit en el corto plazo termina por restringir el desarrollo económico futuro.Por su parte, Paola Vázquez coincidió en la urgencia de presentar metas fiscales verificables, al recordar que las proyecciones previas de consolidación fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se cumplieron según lo previsto.“Cuando el Gobierno, al presentar este tipo de paquetes, presenta una ruta creíble y verificable para reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda, es importante”.Vázquez enfatizó que la política fiscal debe priorizar la calidad del gasto y resguardar la inversión física orientada a infraestructura como trenes, carreteras, puentes, obras eléctricas e hidráulicas.“Creo que sobre todo hay que revisar la calidad del gasto y proteger la inversión pública con mayor rentabilidad económica y social. Estoy hablando, por ejemplo, de la inversión física”.Finalmente, la especialista del IMCO detalló que tal inversión equivale apenas al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra distante del parámetro internacional cercano al 3.5%. Por ello, concluyó que frenar el endeudamiento exige detonar el crecimiento concentrando el gasto público en proyectos de alto impacto social y económico. Los recursos que el Gobierno federal destina a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben traducirse en mayor productividad, reducción de costos y una menor dependencia de apoyos públicos; de lo contrario, las inyecciones de recursos representan una carga adicional para las finanzas públicas.Paola Vázquez, coordinadora de Sociedad del IMCO, señaló que los compromisos financieros de ambas empresas forman parte de la deuda bruta del sector público. Al último corte de 2026, las obligaciones asociadas con Pemex se ubican entre 1.45 billones y 1.5 billones de pesos, mientras que las correspondientes a la CFE rondan los 500 mil millones. Indicó que las empresas del Estado deben evaluarse no solo por sus resultados financieros, sino también por las funciones estratégicas y de servicio público que desempeñan.“Entonces, básicamente, no se puede evaluar a las empresas solamente por su utilidad, pero creo que sí es importante que cumplan funciones estratégicas del servicio público”.Sin embargo, Vázquez subrayó que esta condición no debe impedir la revisión del destino de los recursos públicos que reciben, para determinar si cada peso invertido genera mejoras operativas concretas:“Los apoyos, más allá de decir si vale la pena o no rescatar a las empresas en general, vamos a revisar si cada peso de apoyo mejora su productividad”.De acuerdo con la coordinadora del IMCO, Pemex registraba al tercer trimestre de 2026 una deuda financiera cercana a 1.43 billones de pesos. Alrededor de 35% de ese monto tenía vencimientos previstos para los siguientes tres años, destacando 234.5 mil millones de pesos programados para 2027, lo que hace necesario vigilar la evolución de estas obligaciones.Señaló que los recursos públicos deben fortalecer la capacidad de Pemex y CFE para generar ingresos propios. El objetivo debe ser que las transferencias disminuyan gradualmente conforme fortalezcan su capacidad operativa, en lugar de mantener una dependencia permanente.“Los financiamientos no son en todos los términos negativos, pero sí creo que hay que revisar si cada peso mejora su productividad”.Finalmente, advirtió que comparar la deuda como proporción del PIB ofrece una perspectiva incompleta, pues la capacidad de pago depende de los ingresos públicos disponibles. Por ello, consideró necesario analizar de manera conjunta el endeudamiento, la capacidad recaudatoria y las necesidades financieras de las empresas estatales para reducir la presión sobre las finanzas federales.
