La Cámara de Diputados aprobó una reforma que limitará las deducciones fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales a partir de 2027. La medida busca combatir a las empresas factureras y aumentar la recaudación, aunque el sector empresarial advierte riesgos para la liquidez y el financiamiento de los negocios.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que establece nuevos límites a las deducciones autorizadas para las empresas, con aplicación prevista para el ejercicio fiscal 2027.El dictamen obtuvo 322 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones. Ninguna de las reservas presentadas fue discutida ni aprobada, por lo que la Mesa Directiva remitió el documento al Senado para su análisis y votación. La fecha límite para que el Senado discuta y vote la propuesta es el 31 de octubre, de acuerdo con la información del proceso legislativo.Uno de los principales cambios consiste en restringir el porcentaje de ingresos acumulables que las empresas pueden deducir. El objetivo, según los argumentos de Hacienda, es evitar que algunas compañías utilicen esquemas fiscales agresivos para reducir la cantidad de impuestos que deben pagar.La reforma no modifica la tasa general del ISR para las empresas, que actualmente es del 30%, sino las reglas que determinan la base sobre la cual se calcula el impuesto.La propuesta establece porcentajes máximos de deducción diferenciados según las prácticas fiscales de las empresas. Para las compañías que superen los 50 millones de pesos de ingresos anuales y excedan el umbral establecido, el límite de deducciones será de 96.7% de sus ingresos acumulables.En cambio, las empresas que deducen menos y no recurren a esquemas o planeaciones fiscales agresivas para reducir su tasa efectiva podrán tener un límite de hasta 99%. La intención es establecer diferencias entre las compañías que utilizan sus deducciones dentro de los parámetros previstos y aquellas que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recurren al exceso de deducciones para disminuir su base gravable.El Gobierno federal sostiene que estas prácticas pueden provocar que algunas empresas paguen cantidades que no son proporcionales a las actividades económicas que realizan, en comparación con otros contribuyentes y regímenes fiscales. Los nuevos porcentajes buscan modificar ese escenario y fortalecer la contribución de las compañías con mayor capacidad económica.Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan que los límites a las deducciones podrían generar entre 120 mil y 130 mil millones de pesos adicionales para el erario. La dependencia considera que la medida contribuirá a una mayor equidad tributaria y permitirá reducir las prácticas que erosionan la base gravable.Sin embargo, la propuesta también generó cuestionamientos entre representantes de partidos políticos, cámaras empresariales y especialistas en materia contable, quienes advirtieron sobre posibles efectos en los costos operativos y financieros de las empresas.La reforma no se limita a las deducciones relacionadas con los ingresos empresariales. El dictamen también contempla restricciones a la deducibilidad de los intereses que pagan las compañías por sus financiamientos. En particular, establece que los intereses dejarán de ser deducibles cuando excedan el 20% de la utilidad fiscal neta, conforme a lo planteado en el dictamen.Este cambio puede ser relevante para las empresas que recurren a créditos para financiar sus operaciones, mantener sus actividades o enfrentar periodos complicados. Además, se aprobó un tope al estímulo fiscal relacionado con el uso de autopistas, otra de las disposiciones que forman parte de los cambios tributarios.Antes de la votación en el pleno, representantes de cámaras empresariales, sectores productivos y especialistas contables expusieron ante diputados de la Comisión de Hacienda sus preocupaciones sobre las repercusiones económicas, operativas y fiscales de estas modificaciones.Emilio Suárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que limitar la deducción de intereses y restringir la compensación de pérdidas podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.El legislador argumentó que, cuando una compañía atraviesa un año complicado o necesita recurrir a créditos para mantener sus operaciones, las medidas fiscales deberían facilitar su recuperación. Suárez advirtió que estas restricciones podrían representar un golpe para los negocios que enfrentan condiciones financieras adversas, en un entorno de inflación y volatilidad financiera.Desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Cindy Winkler Trujillo explicó que la reforma no aumenta la tasa general del ISR ni modifica la tasa del IVA. La legisladora sostuvo que el propósito de la iniciativa es revisar los mecanismos que permiten disminuir la cantidad sobre la cual se calculan los impuestos, en lugar de elevar directamente los porcentajes que pagan los contribuyentes.Por su parte, el diputado José Antonio López Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), defendió la propuesta al señalar que las modificaciones buscan que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan de manera proporcional y equitativa. El legislador también destacó que el objetivo es combatir la evasión fiscal mediante ajustes a las reglas tributarias.En contraste, Lorena García Jimeno Alcocer, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó el enfoque recaudatorio de la reforma. La diputada advirtió que las nuevas disposiciones podrían reducir la liquidez de las empresas, encarecer su financiamiento y limitar los ingresos disponibles para las familias mexicanas.Las posturas reflejan el desacuerdo entre quienes consideran que los cambios permitirán combatir abusos fiscales y quienes alertan sobre sus posibles consecuencias para la actividad económica.Además de los cambios relacionados con las empresas, el dictamen contempla modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas. El diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, explicó que el límite de ingresos para inscribirse a este régimen aumentará de 3 millones y medio a 5 millones de pesos.La modificación busca ampliar el umbral de ingresos permitido para quienes pueden tributar bajo este esquema. Como parte de los cambios incluidos en el Paquete Económico, también se plantea simplificar el pago del IVA mediante una tasa efectiva del 7% sobre el ingreso, así como concentrar el entero del IVA y del ISR en una sola declaración. Estas disposiciones forman parte de los ajustes fiscales presentados junto con la reforma y buscan modificar la manera en que determinados contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias.Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen deberá pasar por el Senado, donde se discutirá y votará antes de la fecha límite señalada. La aprobación definitiva será determinante para conocer el alcance final de las disposiciones fiscales previstas para 2027.Mientras Hacienda defiende los cambios como una vía para combatir la evasión y mejorar la equidad tributaria, las advertencias del sector empresarial ponen sobre la mesa otra preocupación: cómo afectarán los nuevos límites a las compañías que necesitan deducir gastos, compensar pérdidas o financiarse mediante créditos para mantener sus operaciones.Por ahora, el punto central de la reforma es que no se propone aumentar directamente la tasa del ISR empresarial, sino modificar las reglas de deducción y cálculo del impuesto. El debate se concentra en si estos ajustes permitirán cerrar espacios de evasión sin generar presiones adicionales para las empresas que operan dentro de la legalidad.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB
