La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió su investigación por corrupción en el INE e integró una revisión exhaustiva a las contrataciones históricas que abarcan tanto al actual Instituto Nacional Electoral como al extinto Instituto Federal Electoral (IFE).Esta medida responde a los recientes trabajos de inteligencia que advierten sobre la “comisión de múltiples irregularidades en el ejercicio del gasto público”, las cuales involucran también a los órganos públicos locales electorales (OPLEs).El máximo órgano técnico fiscalizador confirmó la mañana de este miércoles que las indagatorias buscan esclarecer el manejo de los recursos públicos vinculados con adquisiciones y servicios, con el objetivo de identificar prácticas ilegales perpetradas por grupos empresariales o servidores públicos.A través de un comunicado oficial, la autoridad detalló el desarrollo de tres líneas de trabajo principales, donde la primera consiste en una investigación de oficio sobre diversas anomalías detectadas en las contrataciones públicas de todos los OPLEs, el INE y el entonces IFE, cuyo último año de operación formal quedó registrado en 2014.Como segunda directriz, la dependencia integró un estudio histórico de las adquisiciones electorales que abarca desde el año 2000 hasta 2025 para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.Finalmente, la tercera acción radica en la ejecución de una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, la cual contempla además la revisión de la totalidad del gasto federalizado que ejercen los organismos locales en los estados. Esta ampliación de las pesquisas surge a pocos días de que la Presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado público para auditar a las administraciones previas al año 2025.Dicho exhorto presidencial ocurrió en el marco de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del instituto, quien dejó su cargo tras recibir señalamientos directos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.Ante este panorama político, la institución fiscalizadora reiteró que todas estas diligencias se realizan en el estricto ámbito de sus atribuciones, y mantiene la independencia, el rigor técnico y el apego a la legalidad que exige el marco jurídico mexicano.La ASF es el organismo encargado de revisar el uso de los recursos públicos federales. Sus auditorías permiten detectar posibles irregularidades en contratos, adquisiciones y ejercicio del presupuesto.En caso de encontrar anomalías, puede promover acciones para que las autoridades competentes determinen posibles responsabilidades administrativas o penales. La ASF no dicta sentencias ni determina por sí misma la culpabilidad de los funcionarios investigados.Con información de SUNEsta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB
