Este miércoles el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que contempla penas de hasta 11 años de cárcel para quienes incurran en el robo, extracción y comercialización ilegal de agua potable, conocido como “huachicoleo de agua”.Durante la sesión, las y los diputados locales avalaron cambios al Código Penal local para imponer de seis a 11 años de cárcel y una multa económica a quien, con conocimiento de su ilicitud y con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, impida, obstaculice o condicione de forma indebida el acceso o la disposición de agua potable proveniente de fuentes públicas, mediante la exigencia de dádivas, condiciones o cualquier coacción.Además de la pena señalada, se impondrán de siete a 11 años de prisión cuando este delito sea cometido por un servidor público.Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza destacó que esta reforma tipifica y sanciona el delito de "huachicoleo de agua" para quien extraiga, comercialice y aproveche ilegalmente este recurso hídrico.Añadió que se busca cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población."Durante años hubo quienes encontraron en la escasez una oportunidad de negocio. Hoy esa práctica deja de encontrar espacios de impunidad", sostuvo.Se realiza perforando la red de tuberías, pozos clandestinos u operando tomas irregulares para llenar pipas, las cuales posteriormente venden el líquido a sobreprecio en zonas con escasez severa. Este delito se concentra principalmente en el Valle de México, afectando zonas como Ecatepec, Iztapalapa y varios municipios del Estado de México.Grupos delictivos operan bajo la fachada de organizaciones sociales o negocios de pipas, obteniendo el recurso de forma ilícita para lucrar con él. La red de distribución es a través de pipas clandestinas (de hasta 40 mil litros) llenan sus cisternas para vender el agua a los vecinos necesitados, a precios que pueden superar hasta en un 60% el costo regular, vendiéndola sin garantías de potabilización.KR
