El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma presidencial relacionada con el delito de extorsión, con el propósito de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general sobre esta materia. Dicha legislación deberá establecer, como mínimo, los tipos penales y las sanciones correspondientes para combatir este delito.Con 106 votos a favor, se avaló la modificación al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, y el dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación. El objetivo de esta reforma es que el Congreso pueda legislar de manera uniforme a nivel nacional para enfrentar la extorsión, un delito grave y en aumento que impacta a diversos sectores sociales y económicos.Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un problema que afecta a familias, negocios, instituciones y comunidades enteras.Durante su intervención, explicó que este delito se ha convertido en uno de los principales mecanismos de financiamiento del crimen organizado y de otras actividades delictivas.Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, en enero de 2025, se registró un promedio de casi 30 casos de extorsión al día, lo que representa un aumento del 57 % en comparación con los últimos seis años.Por su parte, el INEGI reportó que, en 2023, la extorsión fue el delito más común contra las unidades económicas, generando pérdidas superiores a 124 mil millones de pesos, lo que equivale al 0.51 % del Producto Interno Bruto.El decreto establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 180 días, contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, para expedir la ley general correspondiente.Mientras tanto, seguirán vigentes las disposiciones legales federales y estatales en materia de extorsión, hasta que se promulgue la nueva ley. En el régimen transitorio de esta última se determinarán los plazos y condiciones para ajustar el marco legal vigente. SV
