El Operativo Enjambre se ha convertido en una de las principales estrategias del Gobierno federal contra las redes de protección al crimen organizado dentro de las alcaldías y corporaciones. Desde noviembre de 2024, la operación suma más de 140 detenidos entre alcaldes, mandos de seguridad, funcionarios municipales y operadores políticos en al menos cinco Estados del país.La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y delincuencia organizada.Entre los primeros detenidos estuvieron María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, además de directores de Seguridad Pública de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Tejupilco, así como funcionarios del DIF de Tonatico.En el programa participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, además de corporaciones estatales.El objetivo es desarticular redes de protección al crimen organizado dentro de gobiernos municipales y policías locales. Las investigaciones señalan a funcionarios que apoyan a grupos criminales con filtración de información, protección armada, control territorial y extorsiones a empresarios, comerciantes y productores.Las autoridades han relacionado a varios de los detenidos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Nueva Generación, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y el grupo denominado Nuevo Imperio.Con el avance de la estrategia, las detenciones se extendieron fuera del Estado de México. En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, junto con ex funcionarios de su administración. Es investigado por delincuencia organizada, secuestro agravado, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación. Está recluido en el penal del Altiplano.Los casos más recientes ocurrieron en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la reactivación del Operativo Enjambre. Ahí fueron detenidos Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla, así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, investigados por presuntas redes de corrupción y extorsión.La estrategia ha sido comparada con el “Michoacanazo” del gobierno de Felipe Calderón, operativo que llevó a la detención de más de 30 alcaldes y funcionarios presuntamente ligados a La Familia Michoacana. Sin embargo, la mayoría de los casos se cayó después por falta de pruebas e irregularidades procesales.A diferencia de aquella operación, el Gobierno federal asegura que el Operativo Enjambre se basa en inteligencia financiera, análisis telefónicos, cateos y despliegues simultáneos para evitar filtraciones. Además, la estrategia se amplió a varios Estados e incluye investigaciones contra distintos grupos criminales.El operativo ha generado una percepción positiva entre la ciudadanía, al evidenciar acciones directas contra redes de corrupción y crimen organizado en Gobiernos municipales. Hasta ahora, 20 ex funcionarios del Estado de México han recibido condenas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos. El Operativo Enjambre, desplegado por el Gobierno federal desde noviembre de 2024, acumula 147 funcionarios detenidos en al menos cinco Estados del país por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y otros delitos. Las entidades donde se han realizado capturas son Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Aguascalientes. Entre los casos más representativos se encuentra el de Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026 por presunta extorsión y supuestos nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG). El funcionario militaba en el partido Morena.Los resultados más recientes de este operativo se dieron en Morelos, donde fueron detenidos Agustín Toledano Matías, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones que llevaron a estas capturas se relacionan con una red de corrupción y extorsión contra comerciantes, productores y la ciudadanía vinculada con grupos criminales que operan en la entidad. Ambos políticos forman parte de las fuerzas política de oposición (PRI y PAN).Con el operativo también se capturaron a varios funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, aunque el alcalde Jesús Corona logró escapar y se encuentra prófugo de la justicia. Entre los detenidos se cuentan a Horacio “N”, secretario municipal; Jonathan “N”, tesorero; Pablo Adrián “N”, oficial mayor; y Arisbel Rubí “N”, ex candidata a la alcaldía. En el Estado de México destacan los casos de María Elena “N”, ex presidenta municipal de Amanalco, de Morena; María del Rosario “N”, ex presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, de la coalición PRI-PAN; y Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo del mismo municipio, también relacionado con esta alianza partidista. En las acciones realizadas en Morelos, el secretario García Harfuch indicó que las investigaciones también contemplan a personas cercanas a la gobernadora, Margarita González, de Morena. Con este operativo se busca desarticular las redes de delincuencia organizada entre el sector público y grupos criminales, con lo que no habrá “protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de la estrategia. Aunque se han detenido a alcaldes, funcionarios y mandos policiales, especialistas reconocen que se debe trabajar en las redes financieras y criminales que sostienen a los servidores. Debe ser una estrategia integral que no sólo apunte hacia los políticos, sino el entramado completo del crimen organizado. El Operativo Enjambre surgió como una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales para desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales y corporaciones policiacas. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el modelo se basa en investigaciones de largo plazo, inteligencia financiera, análisis de comunicaciones y despliegues simultáneos para evitar filtraciones internas.La operación involucra a la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y el Centro Nacional de Inteligencia. Las investigaciones suelen iniciar por denuncias ciudadanas, reportes de extorsión o hallazgos criminales. En el Estado de México, parte de las indagatorias comenzaron tras localizar fosas clandestinas en Nicolás Romero; en Jalisco, después de denuncias de habitantes y empresarios de Tequila por presuntas extorsiones y cobros excesivos.Las autoridades integran expedientes con seguimiento financiero, revisión patrimonial y análisis telefónicos antes de ejecutar capturas. Una de las principales características del operativo es la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión y cateos en distintos municipios para impedir fugas o alertas internas.En sus distintas fases, el Operativo Enjambre ha derivado en detenciones de alcaldes, mandos policiacos y funcionarios investigados por delitos como extorsión, secuestro, homicidio y protección a grupos criminales. Las detenciones y desarticulación de bandas criminales dentro de municipios marcaron distancia con la estrategia de “abrazos, no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron especialistas al evaluar los resultados del Operativo Enjambre impulsado por el Gobierno federal. Aunque destacaron su enfoque “moderno” y la percepción positiva de estas acciones contra el crimen organizado, señalaron que estados y fiscalías locales deben asumir un papel más activo en las investigaciones.Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, advirtió que las indagatorias no deben limitarse a gobiernos municipales, sino alcanzar las redes políticas y criminales ligadas a los ayuntamientos. Consideró necesaria una “acción conjunta” entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), policías estatales y fiscalías locales.“Lo que nos está faltando a las entidades es este operativo. Tendríamos que tener información de inteligencia para saber en dónde potencialmente hay un gobernante local en las mismas condiciones”, señaló. Añadió que los estados deben ser “proactivos” y no esperar a que intervenga la Federación. También pidió investigar operaciones financieras y lavado de dinero vinculados con los grupos criminales.Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, coincidió en que las fiscalías estatales deben acompañar o incluso replicar este tipo de investigaciones. Explicó que el Operativo Enjambre rompe con la lógica tradicional de territorialidad y combate redes criminales que operan a escala nacional.“Deberíamos estar viendo más fiscales estatales solicitando el apoyo de las instituciones federales para realizar este tipo de operaciones”, dijo. También consideró que el Poder Judicial debe comprender la relevancia de los vínculos entre funcionarios y crimen organizado al analizar carpetas y sentencias. El Operativo Enjambre suma hasta ahora 20 sentencias condenatorias contra ex funcionarios y servidores públicos relacionados con redes criminales y delitos de alto impacto en el Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las resoluciones corresponden a 15 fallos judiciales obtenidos contra 20 “objetivos prioritarios” investigados desde el arranque de la estrategia federal en 2024.Según la FGJEM, las condenas acumuladas superan los mil 146 años de prisión por delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés, extorsión, desaparición forzada y evasión. Entre los municipios donde se detectaron los casos destacan Amanalco, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Ecatepec y Santo Tomás de los Plátanos.Pese a los resultados obtenidos, la mayoría de los detenidos dentro del Operativo Enjambre aún enfrenta procesos penales abiertos. Las investigaciones continúan en entidades como Morelos y Jalisco, donde recientemente fueron detenidos alcaldes, ex alcaldes y funcionarios municipales señalados por posibles vínculos con organizaciones criminales.En Jalisco, el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue vinculado a proceso luego de que un juez federal determinó en febrero pasado que existían elementos para investigarlo por presunta delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado. El caso está relacionado con la desaparición, en 2021, de dos aspirantes a la alcaldía de Tequila. Rivera Navarro permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras avanza la investigación complementaria.Especialistas advierten que el principal reto del Operativo Enjambre será que las fiscalías logren integrar pruebas sólidas y apegadas al debido proceso para sostener las detenciones y alcanzar más sentencias condenatorias. CT
