Los próximos días serán de tensión máxima en la Suprema Corte de la Nación (SCJN), un ambiente que promete enrarecerse más con la reforma al Poder Judicial en el Horizonte.Para muestra, ayer y sin el pleno completo (sólo estuvieron presentes ocho de los 11 ministros), la SCJN reinició sus actividades en el marco de su segundo periodo de sesiones de 2024.Con un ambiente enrarecido, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en sesión solemne realizó la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones de este año en presencia de los ministros Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Jorge Mario Pardo Rebolledo.¿Y los ausentes? La ministra Loretta Ortiz Ahlf estuvo ausente por vacaciones, al haber integrado la Comisión de Receso, y los ministros Javier Laynez Potisek y Ana Margarita Ríos Farjat, notificaron previamente a la presidencia de su inasistencia. Apenas al arrancar las actividades, la ministra Lenia Batres Guadarrama presentó el informe de actividades de la Comisión de Receso del Primer Periodo de Sesiones de 2024, momento que aprovechó para asegurar que existe consenso en la necesidad de realizar la reforma judicial, de la que se convirtió en una férrea activista por el país.“México vive momentos trascendentales para su vida democrática. El debate sobre la reforma constitucional al Poder Judicial ha permitido que puedan expresarse diversas posturas”, expuso.A su consideración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de reencauzar sus actos y respetar la división de poderes. “Como cabezas de este Poder Judicial, tenemos la obligación de reencauzar nuestros actos, respetar la división de poderes y sujetarnos a la supremacía constitucional. Emulemos a los juristas del siglo XIX que ayudaron a construir el Estado mexicano, asumiendo los reclamos sociales y sometiéndose a la voluntad popular, pues es el pueblo, quien tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar al Poder Judicial como parte esencial de su propia forma de gobierno”, agregó.Lejos de ser inspiradoras las palabras de la ministra Batres, quien ha realizado un intenso activismo por la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, provocó la reacción del ministro Luis María Aguilar Morales, quien manifestó su inconformidad:“Sólo respecto del informe de trabajo, desde luego. Ya los conceptos que expresa la señora ministra (Lenia Batres), pues son cuestiones más personales de ella ¿Verdad?”.“Por supuesto”, reviró Batres Guadarrama, quien afirmó que durante el periodo de receso de la SCJN varios ministros tuvieron la oportunidad de participar en foros organizados para debatir los alcances de la reforma judicial, que contempla la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el informe presentado por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, quien señaló que la reforma judicial podría “socavar la independencia de la judicatura”.“Hay demasiada diplomacia improductiva, en la ONU y en todos los organismos”, refirió el mandatario cuestionado por la prensa por el escrito que difundió Margaret Satterthwaite como crítica a la reforma judicial.AMLO expresó que la materia correspondía a México como país independiente y no era competencia de dicho organismo; “¿Para qué se meten?”, preguntó de forma retórica.“No voy a responderle”, apuntó López Obrador en referencia a la carta que la relatora especial le dirigió con los motivos que le generaban dudas y preocupación sobre la reforma constitucional que pretende instaurar la elección popular de jueces y magistrados en México, proyecto insignia del presidente.Satterthwaite consideró que las iniciativas impactarían directamente en el funcionamiento de la Judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el que las consideraciones políticas “podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”.Esta y otras muchas críticas al proyecto, fueron expuestas en una carta pública de doce páginas publicada el jueves por la relatora especial.EFE El clima de tensión en la SCJN se ha ido sembrando con el paso de los días, y buena parte de esas semillas de discordia se vivieron durante los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial, en la Cámara de Diputados.Allí, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, planteó un procedimiento transitorio de revocación de cargo; elección popular prioritaria para quienes se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales.Además, que en la primera elección popular se postulen exclusivamente mujeres.Primero, la ministra presentó como propuesta un procedimiento transitorio único de revocación del cargo de las personas juzgadoras, conforme un sistema análogo que también es un sistema de participación ciudadana.También propuso adicionar un artículo transitorio que establezca que tanto magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito participen en una jornada electoral de revocación del cargo, dentro de la circunscripción electoral de su desempeño. Esto, a fin de que se les revoque su nombramiento si así lo determina la mayoría de la ciudadanía; dentro de una participación de al menos 40% de los inscritos en la lista nominal o bien el porcentaje que determine la Legislatura. Telón de fondo ¿Por qué es polémica la reforma judicial?A grandes rasgos, plantea al menos cinco grandes cambios al Poder Judicial: • Reducción de la Corte: Bajaría de 11 a nueve el número de ministros, con una duración en el cargo de 12 años, tres menos que la formula actual. Además sus percepciones no podrán ser superiores a las del Presidente de la República.• Camino a las urnas para todos: Ministros, magistrados y jueces de distrito serían elegidos por la ciudadanía. Los candidatos serán propuestos en partes iguales por el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.• Dos órganos regulatorios: Se transformaría el actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos órganos nuevos: Uno que administre la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría pública y el otro será el Tribunal de Disciplina Judicial. • Habrá plazos para resolver conflictos: Se busca regular los tiempos para que el sistema judicial pueda resolver los casos presentados y no se eternicen con prisión preventiva o falta de sentencias.• Sistema replicado en el país: Las Entidades tendrán que reformar su legislación local para homologarla con el sistema federal. CT
