Sin la presencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, rindió ayer su segundo informe labores, que fue el último, debido a que en agosto del próximo año dejará su cargo derivado de la aprobación de la reforma judicial.En sesión de pleno y ante la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, César Yáñez, consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales, Reyes Rodríguez y Janine Otálora, la ministra arrancó su intervención con la advertencia de que “los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado”.“Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos”, dijo. La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que la reforma judicial presenta enormes retos no sólo para los jueces sino para todo México. “Estamos ante un escenario sin precedentes”.Señaló que la reforma judicial promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador no es una historia de vencedores y vencidos. “Todo demócrata, y con mayor razón todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber en este momento cuál será el resultado de esta reforma”.Piña Hernández acusó una campaña de anulación de la autonomía del Poder Judicial de la Federación para someterlo a lógicas electorales y partidistas que se intensificó de manera violenta y que, aseguró, se inició hace más de seis años. CT
