El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al Código Penal local para aumentar las penas contra el robo y maltrato animal.Durante la sesión ordinaria de este día, se avaló castigar con hasta 10 años de prisión el maltrato animal y con hasta 4.5 años de cárcel el robo de mascotas.De acuerdo con el dictamen, a quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal provocando la muerte, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de 600 a mil 200 días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán hasta en dos terceras partes. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Este delito se perseguirá por querella.Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal, el diputado de Morena Octavio Rivero indicó que esta modificación cumple con lo dispuesto en el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que toda persona tiene la obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales."Según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en 2021 se presentaron 10 mil 39 denuncias, de las cuales un 55.14% corresponden a maltrato animal, conducta que, según algunos expertos, es la antesala de la violencia social, por lo cual debe fortalecerse la legislación en esta materia", comentó.Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, consideró que para atender la exigencia de justicia ante el maltrato animal se debe analizar si estas reformas garantizan la no repetición y reparación del daño, pues mediante la prisión y la elevación de penas no se han tenido buenos resultados, por lo que se debe abrir el debate para generar modelos alternativos de solución.Al respecto, Jesús Sesma de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, resaltó que existen enfoques teóricos y experiencias que indican que con la elevación de las penas se inhibe la acción punitiva, por lo que estas reformas legislativas constituyen un avance significativo en la protección de los seres sintientes, situación que debe replicarse en otras entidades.vll
