Después de siete años de que comenzó el escándalo del caso Pegasus, en el que la la prestigiosa periodista Carmen Aristegui fue víctima de espionaje, el juez encargado del primer juicio de dicho tema, absolvió al único acusado, pero consideró demostrado que Aristegui fue espiada por lo que pidió a la fiscalía que siga investigando el tema.Así lo indicó a The Associated Press Leopoldo Maldonado, de la organización activista Artículo 19 y uno de los asesores jurídicos de la comunicadora, con un sentimiento agridulce."Se confirma lo importante, y es que el espionaje ocurrió en contra de Carmen y que se debe investigar de manera exhaustiva" aunque la fiscalía no logró acreditar que lo hiciera Juan Carlos García Rivera, el empleado de una compañía privada que ofrecía el servicio de este malware.”mencionó Maldonado.Además, agregó, el magistrado reconoció "la vulnerabilidad del sector periodístico ante las agresiones, particularmente ante esta".Antes de conocerse el fallo, la periodista había dicho que, independientemente de cuál fuera la resolución del juez, el proceso dejó claro que le espiaron por su trabajo periodístico y en represalia por sus reportajes sobre casos de corrupción y que la orden de hacerlo la dio una autoridad pública, por lo que consideraba que las pesquisas debía continuar.Este es "el primer juicio de un asunto bastante más grande", dijo Aristegui antes de la audiencia.El abogado de García Rivera, Cuahtémoc Vázquez, aseguró al salir de la audiencia que la defensa no dudaba que la periodista fue espiada, "pero no por nuestro cliente" sino que fue "por motivos políticos".Las comunicaciones privadas de Aristegui fueron interceptadas entre enero de 2015 y julio de 2016 cuando la periodista estaba publicando casos graves de corrupción vinculados al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-1018).El juicio comenzó en diciembre y el único acusado era García Rivera.Este programa espía, que se infiltra en los teléfonos celulares, fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y supuestamente sólo se vende a gobiernos.En 2021, una investigación de un consorcio global de medios demostró que el malware se usó en muchos países del mundo para espiar a más de 50.000 defensores de derechos humanos, periodistas, opositores e inclusive a algún jefe de Estado.Durante el juicio, un testigo protegido —que sólo fue identificado como Zeus— explicó que las infecciones con Pegasus a dispositivos de diversas personalidades públicas fueron ordenadas por el entonces presidente Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong —que negó las acusaciones—, y el ex titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz.Según Zeus, estas interceptaciones se hacían a través de un entramado de diversas empresas intermediarias de KBH Aplied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México.Aristegui explicó que la fiscalía intentó demostrar que había una relación entre el anterior gobierno mexicano y el empresario israelí que creó KBH y que se benefició de jugosos contratos oficiales.Agregó que los abogados de García Rivera basaron su defensa en que el motivo para el espionaje lo tenía el gobierno y no un empresario, y en que el hecho de que hubiera otros 15.000 números telefónicos infectados con Pegasus demostraba que era un espionaje masivo que sólo podía llevarse a cabo por una infraestructura de gobierno.El actual gobierno mexicano localizó hace dos años una treintena de contratos vinculados a Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2011) y de Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.Según el ejecutivo, la empresa israelí NSO utilizó compañías "fachada" para obtener contratos de diferentes instancias oficiales —incluida la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal— por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. NSO siempre ha declarado operar dentro de los marcos legales establecidos.El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin al espionaje gubernamental, pero las organizaciones Artículo 19 y R3D —asesores jurídicos de Aristegui y que han investigado durante años el espionaje con Pegasus—, recordaron que el programa ha seguido utilizándose contra defensores y periodistas en este gobierno.Además denunciaron que hasta ahora no se ha aclarado "la adquisición y uso de un 'sistema de monitoreo remoto de información' por parte de la Sedena", la Secretaría de la Defensa Nacional, a una empresa de la red del distribuidor de NSO en México.NA
