Jueves, 20 de Febrero 2025

FGR sentencia a tres meses de prisión a agresor de periodistas

Se sentenció a de tres meses de prisión, servicio comunitario y una multa a Martín Alejandro Peñuñuri Ezre, por amenazas agravadas contra la periodista Martina María de los Ángeles Mariscal

Por: SUN .

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pixabay.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pixabay.

Un juez federal en Chiapas dictó una sentencia condenatoria de tres meses de prisión, servicio comunitario y una multa a Martín Alejandro Peñuñuri Ezre, por amenazas agravadas contra la periodista Martina María de los Ángeles Mariscal. 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR presentó pruebas suficientes para lograr la condena de prisión mencionada, así como las medidas necesarias para la reparación integral del daño a la periodista, quien sufrió agresiones digitales a través de una red social.

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Peñuñuri Ezre es reincidente en las agresiones a periodistas a través de redes sociales con la finalidad de limitar su libertad de expresión, ya que previamente fue vinculado a proceso por la propia FEADLE, en Sinaloa, por agredir a otro periodista, resolviéndose dicho caso de manera definitiva a través de una suspensión condicional a proceso, en la que el ahora sentenciado reconoció los hechos, reparó el daño y pidió disculpas a la víctima.

En el presente caso, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió como medio para castigar su libertad de expresión, así como parte de una política de persecución penal que prioriza la resolución de ilícitos cometidos en contra de periodistas mujeres a través de medios digitales.

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