Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, exhibió una red de corrupción que afectó a derechohabientes y en la que estaban involucrados despachos de abogados con juicios masivos.En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza indicó que el Infonavit, “en lugar de buscar la solución”, lo que se ocurrió fue “hacer demandas por el hecho que no podían pagar estos derechohabientes”.Octavio Romero señaló que de una manera “poco ética” e “ilegal”, las denuncias se hicieron de forma masiva y los despachos cometieron irregularidades porque no se notificaba a las personas acreditadas, además de incluir a gente que no tenía problemas. Anotó que también están involucrados trabajadores estatales del Poder Judicial.Esta operación de corrupción generó un pago del Instituto de 29 mil millones de pesos, mencionó.Señaló que al interior del Infonavit, ni el Comité de Auditoría, ni los consejeros, ni el Comité de Vigilancia realizaron alguna acción. Refirió que 249 mil personas perdieron sus propiedades, 207 mil viviendas ahora no son de nadie y 42 mil fueron vendidas por el Infonavit en subastas.Mencionó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se detuvieran los juicios masivos, pero los despachos simularon juicios individuales y “siguieron con la estrategia de juicios masivos” en la Ciudad de México, con afectaciones a 63 mil 44 derechohabientes.Señaló que “es preocupante” que estos juicios fueron tramitados en el juzgado 60 civil de la Ciudad de México. Exhibió que entre los despachos que llevaron juicios masivos está Desnor S.A de C.V, cuyo representante legal es actualmente comisionado de vigilancia del Infonavit por parte de la Coparmex.“Andan ahorita un poquito molestos porque va a haber el cambio de ley del Infonavit, porque quieren cuidar el dinero. Le informo a los de la Coparmex que el representante legal de este despacho que estaba haciendo este acto de corrupción, lo propusieron ellos”, declaró Romero al mencionar que esta persona también es miembro fundador de una constructora que tiene proyectos autorizados por el Consejo de Administración del Infonavit.Señaló que se debe resarcir el daño a los afectados, que generará un costo para el Infonavit, y continuará con las denuncias penales a quienes resulten responsables.Jalisco se encuentra entre lo estados con más afectados, con un total de 26 mil ciudadanos demandados quienes requerirán el resarcimiento del daño. Sin embargo, en Jalisco se concretaron más de 59 mil demandas contra derechohabientes de otras entidades del país, siendo Jalisco el segundo estado con mayor número de juicios masivos acumulados, sólo por debajo de Coahuila. Los jaliscienses involucrados perdieron la propiedad de sus viviendas mientras que otras no han podido ser escrituradas por el Infonavit y miles más fueron vendidas por el organismo en subastas masivas. Luis Campos, catedrático de la Universidad Panamericana, recomendó que todos los derechohabientes deben estar pendientes de los descuentos que se hacen en sus nóminas con los recursos que son aportados al Infonavit con el fin de detectar cualquier presunta anomalía en las aportaciones. “Hay que estar al pendiente de los descuentos que hace el empleo en los recibos de nómina a las personas que tienen un crédito. Lo primero es revisar si te están descontando la aportación. Si hay cualquier otro cargo, acudir ante las oficinas del Infonavit”.Por otra parte, Antonio Sánchez Sierra, académico del CUCEA de la UdeG, sugirió que cada seis meses, el trabajador puede pedir una situación de movimientos al organismo para tratar de verificar las condiciones en las que se encuentran sus cuentas. “En cuanto veas que una persona a tu nombre quiere clonarte los datos o que esté dando que hay gente que tiene tus datos y gestiona créditos como si tú fueras eso, acudir a presentar una denuncia ante la FGR”. En caso de requerir apoyo, el académico recomendó que se puede acudir a empresas relacionadas a temas de vivienda y que sean certificadas por la Condusef, incluyendo contratos de adhesión en donde permitan validar la situación en la que se encuentra la empresa.
