La Cámara de Diputados acreditó, con 366 votos a favor, que los “recursos mostrencos” (aquellos que no tengan dueño o que no sean reclamados por los bancos) sean destinados a labores de seguridad pública.“Los depósitos e inversiones vencidas y no reclamadas en el transcurso de tres años cuyo importe no exceda al equivalente a quinientas cuarenta UMA, prescribirán en favor de la Seguridad Pública”, especifica esta reforma.El morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que con los recursos que deriven de esta recuperación se da certeza jurídica a la consolidación de las fuerzas de seguridad, municipales, estatales y federales.“Se contaría con poco más de 10 mil millones de pesos para la consolidación de los elementos de seguridad pública que también implican a la Guardia Nacional”, especificó el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien se encargó de exponer el dictamen.Según lo establecido por esta iniciativa, estos recursos serán repartidos de la siguiente manera: 45% a la federación, 30% a las entidades federativas y 25% para los municipios."339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones. Aprueban el dictamen que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional", compartió la cuenta oficial de la Cámara de Diputados a través de Twitter.Dichos recursos deberán ser utilizados exclusivamente para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas y chalecos.Uno de los argumentos que compartieron para acreditar la reforma es que, de acuerdo con los legisladores, el sistema financiero aloja recursos que en algunos casos, tienen como origen la ilegalidad y provienen de diversos grupos criminales, mismos que son abandonados en la denominada cuenta global y que sólo un porcentaje es destinado a la beneficencia pública.Ignacio Mier afirmó que las personas que tengan ahí sus ahorros y rebasen los diez millones de pesos, está garantizado que puedan reclamarlos.Las instituciones bancarias tendrán la obligación de entregar el dinero dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto. MS
