En México no hay política sistemática de desaparición forzada: CNDH

Las pruebas y análisis con los que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la llevaron a concluir que en México no existe actualmente una política sistémica de desaparición forzada, pues, de acuerdo con el organismo, este delito es efectuado por particulares. De este modo, afirma que no hay sustento para los señalamientos del Comité de la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, mismas que apuntaban al Estado como el gestor de la desaparición de personas.

"Esos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado. Actualmente, la desaparición de personas es un delito perpetrado por particulares, principalmente por la delincuencia organizada, dentro de la lógica de economía criminal y de la violencia en dinámicas regionales, locales y municipales", dijo.

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En el documento Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, aseguró que las declaraciones de la CED responden a la agenda internacional y mediática y a intereses muy obvios.

"Porque se dan en un contexto donde se han recortado de manera sustantiva los apoyos económicos a las organizaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos, país que, insistimos, no se somete al escrutinio internacional. Es clara la intención de sumar a México a la estrategia norteamericana de Seguridad Nacional actual, que han acogido en el país algunos partidos políticos de oposición que ven en ella una oportunidad para posicionarse. De ahí el empeño en señalar como grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada, y que se busque equiparar a México con un Estado en guerra o un Estado fallido, premisa que rechazamos tajantemente".

Refirió que de acuerdo con el CED entre el gobierno 2012-2018 y el de 2018-2024, canalizó a México un total de 664 peticiones de acción urgente relacionadas con la desaparición de personas. De ellas, el 52.5% corresponden al gobierno de EPN y el resto, 46.4% a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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MB

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