El Observatorio de Movilidad A.C. advirtió que los conflictos que hoy se acumulan en distintos sectores del sistema de movilidad en Jalisco —desde usuarios de motocicleta y conductores de plataformas digitales hasta prestadores de servicios en zonas aeroportuarias— reflejan un problema más profundo de desarticulación institucional, falta de coordinación y ausencia de reglas claras.Integrantes del organismo plantearon que muchas de las tensiones que actualmente enfrentan distintos sectores ya no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un sistema que continúa operando con respuestas fragmentadas y bajo esquemas reactivos.El presidente del Observatorio de Movilidad A.C., Enrique Dueñas Rodríguez, señaló que, en respuesta a la gravedad de la situación, el organismo mantiene una agenda abierta a todos los temas relacionados con movilidad, transporte y seguridad vial en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en todo el estado, particularmente aquellos que involucran a sectores que —afirmó— forman parte activa del funcionamiento cotidiano de la sociedad.“No podemos seguir atendiendo cada conflicto por separado cuando todos reflejan problemas estructurales del sistema”, afirmó.En ese contexto, indicó que tanto motociclistas como conductores de plataformas representan actores relevantes dentro de la dinámica urbana, por lo que ya trabajan de la mano con ellos. Adelantó, asimismo, que el organismo construirá un diagnóstico integral sobre las condiciones actuales de movilidad en la ciudad.Bajo ese enfoque, representantes ciudadanos y organizaciones expusieron distintos casos relacionados con regulación, operación y derechos de usuarios y conductores, particularmente en torno al uso de motocicletas, plataformas digitales y actividades en zonas aeroportuarias.Durante la conferencia, el presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco A.C., Ignacio Partida Ruelas, acompañado por el vicepresidente de esa organización, Gustavo Carrasco, expuso una postura crítica frente a los operativos relacionados con la llamada “Ley Chaleco”, al considerar que existen vacíos legales, discrecionalidad operativa y riesgos de estigmatización hacia motociclistas.“Sí al casco, sí al emplacamiento y sí a la regularización; no al marcaje humano ni a operativos arbitrarios”, expresó.Partida Ruelas sostuvo que el debate no debe centrarse en rechazar la regulación o las medidas de seguridad vial, sino en evitar prácticas que —afirmó— terminan criminalizando a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte y trabajo.Entre los puntos expuestos, señalaron que el reglamento vigente obliga al uso de prendas reflejantes, pero cuestionaron que continúe exigiéndose la portación visible de placas en chalecos durante algunos operativos, pese a que —aseguraron— esa disposición ya no aparece de manera explícita en el artículo 135 del reglamento actualizado.Los representantes de la organización también plantearon la necesidad de revisar la efectividad de este tipo de medidas y pidieron que cualquier política relacionada con motociclistas se construya bajo criterios de seguridad vial, legalidad y respeto a los derechos humanos.José Eduardo Solares, de la agrupación Alianza Biker GDL, señaló que los repartidores en motocicleta han quedado fuera del debate público sobre movilidad, pese a que enfrentan una doble presión: operativos de tránsito y exigencias de las plataformas digitales en tiempos de entrega y calificaciones.Afirmó que estas condiciones impactan directamente sus ingresos y estabilidad laboral, al depender de métricas que no siempre consideran las condiciones reales de operación en la ciudad.“Me da mucha tristeza que todo el mundo sí se acuerda del conductor, sí se acuerda del motociclista, pero como tal no veo que se mencione al repartidor… nadie está volteando a ver al repartidor”, expresó.Añadió que, además del reconocimiento del sector, es necesario avanzar hacia condiciones más justas de ingreso y una posible “tarifa digna” dentro del marco de la regulación laboral vigente.Para el secretario del Observatorio de Movilidad A.C., Gustavo Flores Delgadillo, los conflictos expuestos durante la conferencia reflejan la necesidad de construir políticas públicas con mayor sustento técnico, coordinación institucional y apego a la legalidad.Subrayó que el organismo busca participar en el análisis de estos conflictos desde una perspectiva de ordenamiento, seguridad vial y certeza jurídica, privilegiando el diálogo entre autoridades y sectores involucrados.“Sí al orden, no a criminalizar un sector”, expresó.Añadió que el Observatorio pretende consolidarse como un espacio de seguimiento y participación ciudadana capaz de generar propuestas, acompañar discusiones públicas y aportar elementos técnicos en temas de transporte, movilidad y seguridad vial en Jalisco.SV
