Representantes de las organizaciones de Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas), Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal), presentaron una denuncia formal ante la Contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, en la que se señalan presuntas faltas administrativas graves y no graves al interior de la Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada por Diego Monraz Villaseñor.De acuerdo con el documento entregado, los denunciantes acusan la existencia de una red de corrupción en la operación de grúas dedicadas a los servicios de arrastre y salvamento en la entidad, además aseguran que estas irregularidades afectan directamente a la ciudadanía, particularmente a quienes han tenido su vehículo asegurado por orden de alguna autoridad vial o ministerial.El señalamiento principal recae en el secretario Diego Monraz, quien de acuerdo con las asociaciones, él tiene conocimiento de estas prácticas desde 2019, cuando se le habrían expuesto las anomalías relacionadas con la operación de vehículos sin autorización ni condiciones técnicas adecuada, dichas prácticas involucrarían tanto a operativos de vialidad como a órdenes de aseguramiento emitidas por distintas dependencias.Las organizaciones sostienen que, durante años, la Secretaría ha asignado miles de servicios a grúas que operan de forma irregular, e incluso ha intentado regularizar unidades que no cumplen con la normativa técnica, lo que califican como un “premio a la ilegalidad”.Asimismo, señalaron que pese a haber presentado más de veinte oficios ante distintas instancias de la Secretaría de Transporte para denunciar esta situación, los resultados han sido escasos. Aunque se logró la emisión de una nueva norma técnica, los denunciantes afirman que la dependencia no la ha aplicado correctamente y, por el contrario, la ha utilizado para “legalizar” a prestadores que continúan sin cumplir los requisitos legales.De acuerdo con el gremio, en el monitoreo reciente de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría, se detectaron alrededor de 150 permisos irregulares en el Área Metropolitana de Guadalajara y en diversos municipios del interior del Estado; dichas autorizaciones, aseguran que incumplen la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco al permitir la operación de grúas con más de tres años de antigüedad o sin los vehículos y constitución jurídica requeridos.Entre las irregularidades destacadas en la denuncia se incluyen:Los denunciantes advierten que estos hechos configuran abuso de funciones y encubrimiento, faltas administrativas graves que podrían derivar en la destitución e inhabilitación de los funcionarios responsables.Finalmente, las asociaciones informaron que darán seguimiento puntual a la investigación que realice la Contraloría del Estado, en busca de que se apliquen sanciones ejemplares y se restablezca la legalidad en la operación del servicio de grúas en Jalisco.NA
