Los motivos que llevaron a Plutarco Elías Calles a enfrentarse abiertamente contra la Iglesia católica fueron su convicción ideológica radicalmente laicista y la certeza de que la Revolución mexicana no estaría verdaderamente concluida mientras la Iglesia conservara influencia sobre la conciencia de los mexicanos. Cuando gobernó Sonora ya había expulsado sacerdotes, impulsado el divorcio y promovido una secularización severa. Su anticlericalismo, por tanto, no nació al llegar a la presidencia el 1 de diciembre de 1924.Sin embargo, Calles procuraba distinguir entre religión y clero. No se declaraba necesariamente enemigo de la creencia religiosa, sino de lo que concebía como una “casta sacerdotal” capaz de intervenir en la política, conservar privilegios y disputar al Estado la conducción de la sociedad.Aquí se encuentra quizá la clave más profunda del conflicto.Para Calles, la Iglesia no era solamente una institución espiritual. Era un poder histórico paralelo. Y la Revolución, convertida ya en gobierno, necesitaba consolidar una soberanía que no admitiera competidores. Los artículos anticlericales de la Constitución de 1917 representaban para él mucho más que disposiciones jurídicas: eran instrumentos para terminar una obra que consideraba inconclusa.Su proyecto poseía una evidente raíz jacobina. Se alimentaba de la tradición de las Leyes de Reforma, del laicismo radical, del positivismo, del nacionalismo revolucionario y de una concepción del progreso según la cual la educación debía liberar al pueblo de antiguas dependencias y del fanatismo religioso. También encontraba afinidades y apoyos dentro de la masonería.Pero el propósito iba todavía más lejos. Calles comprendió que el verdadero territorio en disputa no eran únicamente los templos, las propiedades o las prerrogativas jurídicas. Era la conciencia.De ahí su empeño por controlar la educación y formar a las nuevas generaciones dentro del horizonte revolucionario. La Revolución debía entrar en la escuela, llegar hasta los niños y construir desde allí al nuevo ciudadano mexicano. El Estado no quería limitarse a gobernar los cuerpos y las instituciones: aspiraba también a orientar la interpretación del mundo.En 1925, incluso apoyó la creación de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, con el mando del patriarca Pérez, separada de Roma. El experimento fracasó, pero revela hasta dónde llegaba el propósito: no solamente limitar políticamente a la Iglesia católica, sino debilitar su unidad y disminuir su autoridad sobre la población.El choque definitivo llegó en 1926. Cuando el arzobispo José Mora y del Río reiteró públicamente el rechazo de la Iglesia a diversos artículos constitucionales, Calles interpretó aquellas palabras como un desafío directo a la soberanía nacional. La respuesta fue transformar las disposiciones constitucionales en sanciones concretas. La llamada Ley Calles, publicada en junio y puesta en vigor el 31 de julio de 1926, estableció multas, cárcel, registro obligatorio de sacerdotes, restricciones numéricas al clero y expulsiones de religiosos extranjeros.Para Calles aquello significaba simplemente hacer cumplir la Constitución.Para los católicos significaba algo completamente distinto: colocar la existencia misma de la Iglesia bajo la autorización del Estado.Y allí comenzó a abrirse la herida.Porque detrás del conflicto jurídico había una confrontación mucho más profunda entre dos concepciones de la autoridad. De un lado, un Estado revolucionario convencido de representar el futuro y de poseer el derecho de reconstruir a la sociedad. Del otro, una Iglesia que sostenía que existían ámbitos de la conciencia, de la fe y de la vida espiritual que ningún poder político podía reclamar como propios.Calles llegó, así, a vivir el enfrentamiento con una intensidad que desbordaba el simple cálculo político. Su revolución adquirió, paradójicamente, rasgos casi religiosos: tenía una doctrina, una misión histórica, un enemigo bien definido y una idea de redención colectiva. Combatía el poder espiritual de la Iglesia mientras construía, desde el Estado, otra forma de credo secular.Quizás allí reside una de las grandes paradojas de aquellos años: liberar a las conciencias de una autoridad clerical; el poder revolucionario terminó pretendiendo ocuparlas.Ni el Estado consiguió, finalmente, apropiarse de ellas, ni la Iglesia recuperó el antiguo dominio temporal que había perdido. Pero entre ambas fuerzas quedó México, atravesado por una fractura que terminaría desembocando en la Guerra Cristera.El poder político puede administrar territorios, dictar leyes y transformar instituciones; puede incluso intentar educar generaciones enteras. Pero existe una frontera invisible, en la conciencia humana, ante la cual todo poder que pretende convertirse en absoluto termina encontrando resistencia.Los primeros meses de 1926 fueron uno de ellos. México se acercaba lentamente a un precipicio que todavía no se llamaba Guerra Cristera, pero cuyo rumor ya podía escucharse en los templos, en las calles, en los despachos episcopales y, sobre todo, en las oficinas del presidente Plutarco Elías Calles.El conflicto venía de tiempo atrás. La Constitución de 1917 había establecido severas restricciones a la presencia pública de la Iglesia católica mediante los artículos 3, 5, 27 y 130. Durante algunos años, su aplicación había sido irregular, dependiendo de los gobernadores, de las circunstancias políticas y de esa peculiar capacidad mexicana para dejar ciertas leyes dormidas cuando despertarlas podía resultar peligroso. Calles decidió despertarlas.El punto de quiebre llegó el 4 de febrero de 1926, cuando se publicó una declaración del arzobispo de México, José Mora y del Río. No estaba diciendo algo sustancialmente nuevo. Reiteraba la postura que el Episcopado había sostenido desde 1917: la Iglesia no podía aceptar aquellos artículos constitucionales porque los consideraba contrarios a la libertad religiosa y a una ley moral que, desde su perspectiva, estaba por encima de cualquier disposición humana.PRIMERA PARTE: A cien años de la Guerra Cristera SEGUNDA PARTE: De las Leyes de Reforma a los Cristeros: Cuando el diálogo se volvió imposible TERCERA PARTE: Cuando la ley quiso educar el alma CUARTA PARTE: Cuando los clérigos buscan las urnas QUINTA PARTE: La pólvora bajo la ceniza: Madero, Huerta y el clima que incubó la persecución SEXTA PARTE: Guerra Cristera: Cuando el Estado también quiso administrar SÉPTIMA PARTE: La antesala diplomática de la Cristiada OCTAVA PARTE: Los motivos manifiestos y ocultos de Calles“La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia”. La información que publicó el periódico “El Universal” con fecha 27 de enero, en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al Derecho Natural, es perfectamente cierta.“El Episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3°, 5°, 27° y 130° de la Constitución vigente. Este criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión”.Calles interpretó aquella declaración no como una objeción doctrinal sino como un desafío al Estado. Y respondió desde la lógica del poder.En los días siguientes, Mora y del Río, como ya había ocurrido en otras ocasiones, desmintió lo publicado por el periódico, afirmando no haberse expresado nunca en esos términos. Sin embargo, era demasiado tarde para detener la furibunda reacción de Calles, quien el 10 de febrero decidió, durante una reunión de gabinete, ordenar la aplicación total e inmediata de la Constitución.(Hay un detalle documental especialmente importante en este suceso: lo publicado por el periódico provenía de las propias declaraciones del Arzobispo, hechas en 1917; “El Universal” las volvió a publicar y, al preguntársele si seguían siendo válidas, el arzobispo respondió afirmativamente).Comenzaron entonces las expulsiones de sacerdotes y religiosas extranjeros, el cierre de escuelas católicas y la exigencia de que los sacerdotes se registraran ante las autoridades civiles para poder ejercer su ministerio. Ahí estaba la encrucijada más profunda del conflicto. Para el gobierno, el registro era simplemente obediencia a la ley. Para la Iglesia significaba admitir que la facultad de ejercer el sacerdocio dependía, finalmente, del permiso del Estado.Ya no se discutían solamente los reglamentos. Se enfrentaban dos posturas muy distintas.Una decía: dentro de la República no existe autoridad superior a la Constitución.La otra respondía: existe una esfera de la conciencia religiosa a la que el Estado no puede entrar.Y cuando ninguna de las dos partes acepta retroceder, inevitablemente alguien termina avanzando sobre el territorio del otro.El 23 de febrero, aquella confrontación salió de los documentos y llegó a la calle. Agentes de Gobernación acudieron a la iglesia de la Sagrada Familia, en la Ciudad de México, con la intención de cerrarla y detener a los sacerdotes. La noticia corrió rápidamente. Alrededor de dos mil mujeres se congregaron frente al templo y trataron de impedir la acción de las autoridades. Hubo piedras, mangueras, forcejeos y, finalmente, disparos. Dos mujeres murieron y otras dieciséis resultaron heridas.La sangre había aparecido.Y cuando la sangre entra en una disputa política, las palabras comienzan a adquirir otro significado.Calles no mostró intención de moderar su política. En un discurso ante miembros de la CROM, utilizó una expresión deliberadamente ofensiva para dejar en claro que no retrocedería “ni por las muecas de los sacristanes ni por los pedos de los monjes”. Más allá de la vulgaridad de la frase, importa comprender lo que revelaba: el conflicto había dejado de ser simplemente institucional. Había adquirido también una dimensión emocional, ideológica e incluso personal.El adversario ya no era solamente una institución que se resistía a cumplir determinadas disposiciones constitucionales. Comenzaba a ser presentado como un residuo del pasado que la Revolución tenía que someter.Las legislaturas estatales siguieron el impulso presidencial. Comenzaron a establecer límites al número de sacerdotes que podían ejercer: veintiséis, en Colima; cuarenta, en Nayarit; uno por cada cincuenta mil habitantes en Aguascalientes, y restricciones semejantes en otras entidades.La aplicación fue desigual porque México nunca ha sido una sola realidad política. En Veracruz y Oaxaca, algunos obispos buscaron acomodos; en Colima, la vida eclesiástica quedó prácticamente paralizada; en Michoacán y San Luis Potosí hubo mayor resistencia. Y desde Huejutla apareció una de las voces más desafiantes: la del obispo José de Jesús Manríquez y Zárate, quien en su sexta carta pastoral condenó frontalmente el orden constitucional y terminó proclamando una expresión que pronto dejaría de ser solamente religiosa:“¡Viva Cristo Rey!”Muy pronto sería el grito de guerra.La enorme desigualdad de fuerzas era evidente. Calles tenía detrás al aparato del Estado, al ejército surgido de la Revolución, importantes organizaciones obreras, grupos agrarios y una clase política acostumbrada a resolver sus diferencias mediante la fuerza. La Iglesia disponía de otra clase de poder: la adhesión de millones de creyentes, la tradición, la autoridad espiritual y una red comunitaria profundamente arraigada en pueblos y ciudades.Pero su jerarquía estaba dividida. Había obispos dispuestos a negociar y otros que consideraban cualquier concesión un sometimiento. Había prudencia y había desafío. Había miedo y también una creciente convicción de que estaba llegando el momento de resistir.Calles parecía comprender muy bien una de las reglas más antiguas de la política mexicana: el poder que muestra debilidad invita al adversario a avanzar. La Iglesia, en cambio, comenzaba a descubrir otra realidad igualmente dura: la autoridad moral puede movilizar conciencias, pero no siempre puede detener soldados.Por eso sería insuficiente explicar lo ocurrido únicamente como una controversia sobre la aplicación de determinados artículos constitucionales.En realidad se estaba decidiendo algo mucho más profundo: hasta dónde podía llegar el Estado revolucionario en su intento de transformar a la sociedad mexicana y hasta dónde estaba dispuesta la Iglesia a permitir que esa transformación penetrara en su propia estructura.Uno reclamaba soberanía.La otra reclamaba libertad de conciencia.Y entre ambas quedaron atrapados millones de mexicanos que pertenecían simultáneamente a los dos mundos: ciudadanos de la República y creyentes católicos.Esa fue, quizá, la verdadera tragedia.Porque cuando el Estado obliga a un colectivo a escoger entre dos dimensiones esenciales de su identidad, el conflicto deja de desarrollarse únicamente en las leyes y comienza a instalarse en el interior de las conciencias.La muerte de aquellas mujeres frente a la Sagrada Familia fue una advertencia que nadie supo escuchar a tiempo. Los cierres, expulsiones, registros y restricciones continuarían. La jerarquía endurecería su resistencia. Las asociaciones católicas comenzarían a organizarse con mayor intensidad.Todavía faltaban algunos meses para la suspensión del culto público.Después vendrían los templos vacíos.Y detrás de aquellas puertas cerradas comenzaría a crecer algo que ya no podría detenerse, ninguna circular administrativa: la convicción de miles de mexicanos de que había llegado el momento de defenderse con las armas aquello que se consideraba sagrado.Y la Guerra Cristera todavía no había comenzado.En la lógica de Calles, era evidente lanzar una ley que castigara a todos aquellos que no cumplieran con la Constitución. Los desobedientes tenían que recibir su merecido. Había que someter todo acto de rebeldía y desafío con sus correspondientes consecuencias penales. La ley se tiene que respetar y cumplir.De aquí nace la chispa que encendió la pólvora.La resistencia y el desafío del clero obligaron al castigo y a la represión por parte de la autoridad y así se desencadenó la confrontación definitiva entre ambas posturas.
