En medios de comunicación y redes sociales ha surgido la narrativa de que el hallazgo de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el pasado 5 de marzo, podría representar para el gobierno de Claudia Sheinbaum un punto de quiebre similar al que significó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para la administración de Enrique Peña Nieto en 2014.Si bien ambos comparten el contexto de violencia y desapariciones forzadas en el país, con cifras oficiales que indican más de 123 mil personas desaparecidas, existen diferencias en la manera en que han sido abordados por las autoridades. En el primer informe oficial sobre el caso Teuchitlán, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció omisiones de la Fiscalía de Jalisco en la investigación. Este reconocimiento contrasta con el manejo inicial del caso Ayotzinapa, donde las autoridades intentaron ocultar la colusión entre policías locales y grupos delictivos. De acuerdo con los reportes, la Guardia Nacional identificó el rancho en septiembre de 2024 y notificó a la fiscalía estatal, la cual llevó a cabo un operativo en octubre que resultó en la detención de un policía municipal señalado por presuntamente reclutar personas para llevarlas al sitio. Sin embargo, la fiscalía estatal no informó de estos hechos ni a la Fiscalía General de la República ni a otras instancias. El informe de la FGR confirmó la presencia de restos humanos en el rancho, pero aún no ha determinado si había hornos crematorios o fosas de reciente utilización. Ante ello, algunas versiones sugieren que el lugar podría haber sido utilizado como un campo de entrenamiento del crimen organizado, posiblemente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se realizaban peleas a muerte entre sicarios. Aunque el hallazgo es alarmante y evidencia la ausencia de autoridad en ciertas regiones del país, expertos advierten que es prematuro calificarlo como un "campo de exterminio" sin pruebas concluyentes. Por el momento, la investigación sigue en curso, y su desarrollo será clave para evaluar el impacto político que pueda tener en la actual administración.Con información de SUN.KG
