Hay al menos 80 expedientes de víctimas de feminicidio que llevaban tiempo archivados, unos más rezagados que otros, reconoció María Elena García, directora del aún Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). Añadió que actualmente estas investigaciones ocupan la atención de las autoridades para garantizar los derechos de las víctimas secundarias.“Tengo particularmente 20 casos en donde no hay custodias provisionales. De estos 80, tengo 20 en foco rojo por el tema de las custodias provisionales”.Han pasado dos años del feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, la joven de 20 años asesinada por su pareja en Tlajomulco el 10 de marzo de 2017. Su madre, Nancy Arias, apenas logró obtener la custodia provisional de sus dos nietos, pues el expediente de su caso es uno de los que se estaban archivados.En diciembre, aseguró la funcionaria, retomaron el proceso de demanda de guarda y custodia y patria protestad de los niños. “Era una investigación que estuvo abandonada desde 2017, desde el suceso, y la custodia provisional todavía ni la tenía la señora Nancy cuando es un proceso que se supone que no debería de tardar”.Aunque la situación es similar en los 80 casos, en cuanto al rezago en la reparación del daño, asistencia social y la sanción a los agresores, destacan 20 procedimientos porque aún no se obtienen las custodias provisionales, asuntos que tienen años de rezago por lo que se espera solventar este aspecto en los próximos meses.“La custodia provisional es un requisito para muchísimas más cosas, para el tema de la tutoría, del cuidado, de los trámites en materia de salud y en materia de educación”.Las 80 familias son atendidas en el programa de Hijos e hijas, el cual consiste en dar acompañamiento terapéutico y asesorías legales y la gestión ante la Comisión de Víctimas.Tenían archivada su muerteLa noticia del feminicidio de Alondra en 2017, destacó aún más porque la joven había solicitado, días antes de que la asesinara su pareja, medidas de protección por la violencia que recibía, pero la Fiscalía nunca envió la orden a la Policía municipal.Fue que llamó la atención de Amnistía Internacional y otros organismos que demandaron al Gobierno la solución de este crimen y la atención de su familia.“Cuando llegamos nos dimos cuenta que el expediente de la señora Nancy no había llegado al juzgado, cuando el fiscal en su momento había prometido a Amnistía Internacional y a la señora Nancy que le iban a dar seguimiento puntual, pero el expediente nunca llegó a los juzgados de lo familiar. De hecho, lo tuvieron que archivar porque nunca se movió”.María Elena dijo que gestionarán para que los menores cuenten con seguro popular; y con la Comisión de Víctimas, para que se les restituyan los gastos funerarios a la familia.
