Jalisco está posicionado entre los primeros lugares con el mayor rezago en materia de impartición de justicia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, es el segundo estado con el mayor número de presos sin sentencia. De un total de 11 mil 957 internos, siete mil 824 personas se encuentran en alguna de las distintas etapas del proceso judicial y sin condena. Seis de cada 10 están en esa situación. La Dirección de Prevención y Reinserción Social revela que más de mil 900 personas tienen más de dos años de prisión, pero todavía no reciben una sentencia. Entre estos se encuentra Yigal N., quien es señalado de quitarle la vida a Josué, Estefanía y Brian, tres jóvenes que circulaban por López Mateos el 17 de octubre de 2021, mientras Yigal conducía a exceso de velocidad y provocó un accidente. Existen otros casos en el país que exhiben este problema, como el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, detenidos tras el homicidio de la regidora panista Marigely Tamés Pérez el 5 de septiembre de 2001, y quienes siguen en prisión sin sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que “el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, siendo el juicio más largo del país. Anuar García, doctor en Derecho, lamentó los números que tienen a Jalisco “en los últimos lugares en materia de impartición de justicia”, una situación que representa la incapacidad del sistema penal acusatorio para acelerar los procesos de la emisión de sentencias. “Tanto a nivel local como federal, urge, ahora que se tiene un presupuesto constitucional en el estado, una aplicación adecuada del recurso para tener más juzgados, pero también para tener un mayor control de lo que hacen los jueces, con la finalidad de evitar que se den actos de corrupción y que se permita que las personas con menos recursos sean las que generalmente se queden dentro de prisión sin obtener una sentencia”. En julio de 2023, el Congreso de Jalisco aprobó que el Poder Judicial del Estado tenga un presupuesto constitucional. Se establece que, a partir del siguiente año, este no podrá ser inferior a 2% del presupuesto del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate. A nivel nacional, cuatro de cada 10 presos están sin sentencia, en promedio. Anuar García también alerta por el paro que se realiza en los Poderes Judiciales de la Federación contra la reforma judicial, ya que podría retrasar más los procesos jurídicos en la entidad, “debido a la gran carga de trabajo que se tiene”. Señaló que es válido que realicen dichas protestas, pues la situación que se avizora con la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con esa reforma será un golpe a la justicia. “Sí traería un grave retroceso, como ya sucedió en el pasado, cuando han tenido paros y nada más se van acumulando miles y miles de expedientes pendientes por resolver”.Este problema refleja deficiencias en el sistema penal acusatorio y resalta la necesidad de reformar el sistema judicial estatal y federal. El reciente presupuesto constitucional para el Poder Judicial en Jalisco es un avance, pero es esencial que se implemente eficazmente para mejorar los procesos.
