Los acuerdos realizados mediante justicia alternativa van al alza en Jalisco, lo que ayuda a que los ciudadanos tengan salidas a sus conflictos de forma más rápida y menos costosa que si se fueran a un juicio.De acuerdo con cifras del organismo, en 2022 llegaron a 20 mil 545 convenios mediante esta vía.Sin embargo, hasta octubre de este 2023 cerraron con 20 mil 400 acuerdos, por lo cual prevén un récord.“Estimamos que vamos a terminar con alrededor de 25 ó 26 mil convenios. Para darnos una idea, en el Censo 2021 del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) hubo 23 mil sentencias de los jueces contra 17 mil 278 convenios de los mediadores de Jalisco. El 42% de las resoluciones son de mediación”, enfatizó Guillermo Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA).El titular del IJA detalló que este fenómeno se ha documentado desde 2018.El funcionario explicó que el aumento se debe a tres factores: mediación privada, acompañamiento y apoyo de los jueces, y que el convenio puede elevarse a sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no admite recurso judicial.“Nuestra ley es muy buena. El 80% de las mediaciones que se hacen en Jalisco son privadas. Hay 14 Estados que no contemplan esto. También que la Judicatura nos ve con muy buenos ojos, no nos ve como una competencia desleal, sino que están contentos porque descongestionamos los juzgados”, explicó.Zepeda Lecuona recordó el caso de las torres del Guadalajara World Trade Center, asunto con años en proceso legal y que se resolvió mediante esta vía.“Tenía siete años litigándose, incluso con dos denuncias penales entre dos grupos de accionistas. En una mediación de ocho horas con personal del IJA, punto con punto se fueron destrabando los temas, ya no querían ellos seguir gastando en litigios”. Guillermo Zepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) del Poder Judicial del Estado de Jalisco, subraya que alrededor del 20% de los convenios que se registran, corresponden a los centros públicos del IJA. De los convenios en centros públicos, estima que la mitad son de materia familiar, mientras que la mayoría de los privados ven asuntos civiles.“Nos vamos especializando. Los centros públicos vemos temas más de familia, de comunidad, escolares, civiles o mercantiles. Además tenemos psicólogos y trabajadores sociales, que nos permite dar una atención interdisciplinaria a los asuntos”, explicó el funcionario.Zepeda Lecuona abundó en que la mayoría de los asuntos ocurren por el tema de pensiones alimenticias, seguido de convivencia y en tercer lugar los divorcios. “En la actualidad uno de cada tres divorcios del Estado se tramita en el IJA”, refirió.También remarca que hay muchos convenios comunitarios; es decir, problemas entre vecinos, que no se elevan a sentencia, sino que quedan como un acuerdo entre las partes y los cuales se cumplen, en su mayoría.“Hay casos que tenían litigándose cinco o seis años, donde una de las partes estaba empecinada en no dar más alimentos para sus hijos y con las técnicas de mediación se les hace ver que no es suficiente tres mil pesos, pese a los criterios jurisprudenciales. Se hacen gestiones para concientizar a los padres de que no se puede dar una pensión tan pequeña y hemos logrado asuntos de que se duplica o hasta triplica el monto de la manutención”, profundizó el director del IJA.Mientras que en los centros privados de mediación, dice, tratan más el tema de prevención de arrendamiento. “Y ya después vienen asuntos mercantiles, que tienen que ver con reconocimiento de adeudos, cobro de pagarés. Mediadores privados que pueden dar el servicio, los convenios los presentan con nosotros, los validamos y los elevamos a sentencia ejecutoriada”.Presume que todos los días, los mediadores hablan de resolución de casos que tenían muchos años en litigio. “Los abogados se sorprenden cuando ven el cambio porque se opera a nivel de profundidad de los conflictos”.Agrega que la encuesta de primer contacto y satisfacción de usuarios arroja que el 25% de los usuarios va acompañado o por recomendación de su abogado. “Por eso se explica por qué sigue creciendo la aplicación del método alterno en nuestro Estado”. Zepeda Lecuona indicó que no todos los casos pueden resolverse mediante justicia alternativa porque la ley no permite generar convenios cuando hubo violencia.“Porque hay una asimetría muy grande entre las partes, tampoco en penal se pueden mediar delitos violentos porque varias personas no son autónomas, no están eligiendo libremente, pueden estar amedrentadas”. Guillermo Zepeda Lecuona destacó la rapidez. Por ejemplo, remarca que un asunto mercantil dura en litigio 360 días solamente en primera instancia.“En el IJA tarda 12 días en resolverse. En los centros privados a veces en una o dos sesiones termina ya un asunto, entonces vienen con nosotros, invitamos a su contraparte y los invitamos a cinco o seis días hábiles, ya que están ambos en la sesión; el 82% llega a un convenio”, explicó Lecuona.Además, resaltó el ahorro para los usuarios, ya que los servicios del IJA son gratuitos. “Por ejemplo, un pagaré de cuatro mil pesos, ningún abogado va a cobrar cinco o seis mil pesos por hacer una demanda, a menos que haya muchos intereses no le va a convenir ni al abogado ni al dueño del pagaré, que les hagan una demanda donde va a cobrar más el abogado que lo que le deben”.Por otro lado, indicó que hay menos desgaste emocional que en un juicio, donde los involucrados padecen por un lenguaje técnico o temen no tener la razón. “Y cuando el abogado nos explica cómo es su estrategia de litigio puede causar aprehensión. Tiene mayor certidumbre porque las partes van arreglando su problema. No hay mejor conocedor del conflicto que el que lo está padeciendo, por lo que al llegar el momento de proponer alternativas, pueden llegar a las mejores”. Guillermo Zepeda Lecuona mencionó que en el método alterno se priorizan elementos no jurídicos, además del planteamiento legal.“Abajo del planteamiento legal están las posiciones de las personas y las expectativas. Muchas veces el conflicto deriva de una percepción errónea. Vienen las percepciones, las necesidades de las personas, y el mediador, en su capacitación, aprende a buscar esas variables no jurídicas, además de las jurídicas, que son claves”, explicó.Abundó en que a través de esta vía se puede bajar el nivel de violencia que trae el conflicto, para que desde esa postura tengan un mejor acuerdo las partes. El 98% de los convenios se cumplen, eso es porque se resuelven a profundidad.Sobre materias en las cuales se podrían aprovechar más los métodos alternos, considera que en mercantil todavía hay áreas de oportunidad, antes de llegar a los embargos.“Ya con el embargo es difícil que lleguen una mediación. Pero en la pandemia, que cerraron los juzgados, hasta los abogados de los bancos vinieron aquí a arreglarse con sus contrapartes, porque el abogado gana por avance procesal, le ofrecieron quitas generosas a los deudores para llegar a un acuerdo”. Agregó que se les podría dar la posibilidad bajo el argumento de pagar o llegar a un arreglo para evitar el amparo. •Guillermo Zepeda Lecuona recuerda el caso de un niño con discapacidad que era atenido en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Occidente y cuya madre se encontraba en etapa de cáncer terminal en el Hospital Civil, y con un padre que padecía de adicciones.Cuando los abuelos maternos lo llevaban al CRIT a sus terapias, decían que no lo podían aceptar porque no tenían la patria potestad ni custodia, y como se tiene que firmar autorización para tratamientos, pruebas o análisis no se lo podían recibir”, expuso el titular del Instituto.Zepeda Lecuona explicó que llevar el caso a Ciudad Judicial hubiera tardado dos o tres meses, pero con la flexibilidad del método alterno, un mediador se trasladó a la torre de especialidades junto con un procurador de derechos de defensa de niñas, niños y adolescentes, y ante el mediador la señora otorgó la custodia a los abuelos maternos. “En una tarde se resolvió ese tema y los abuelos pudieron llevar al niño a su tratamiento. Y la señora mamá murió a las dos semanas”, finalizó su exposición del caso. •El titular del IJA recordó otro caso de éxito que se realizó con una dependencia pública, la cual tenía adeudos y, dentro de su patrimonio, un terreno. Entonces el cabildo del Ayuntamiento les dio la autorización de negociar para pagar su deuda con la propiedad con valor de 27 millones de pesos. “El IJA dio fe de que daban su autorización y que se daba en pago este terreno por la deuda. Los abogados no sabían cómo operarlo, pero si tienen la voluntad las partes, así lo consignamos y lo elevamos a sentencia”. El titular del IJA explicó que en los temas de rentas están promoviendo tener cláusulas de arrendamientos, lo que se puede hacer de forma gratuita en el Instituto, aunque hay honorarios si el caso lo llevan litigantes privados.“Sí conviene porque ahorra el juicio, se ponen de acuerdo en el monto de la renta y el día que va a desocupar la vivienda, no hay margen para el juicio”, explicó Lecuona.Destacó que es un acuerdo entre las partes donde el casero tiene la ventaja de evitar que un inquilino se quede en su casa o que lo demande en un juicio.“Esas dos cuestiones se atienden preventivamente. A cambio, el inquilino recibe un contrato equitativo: que no haya tasas de interés que pasen el 3.5% de interés mensual, o que no haya doble penalización”, detalló el director del IJA.También resaltó que ambas partes ganan certeza acerca de que los términos no van a cambiar de un día para otro. “Que no les van a aumentar en ese periodo la renta, y al mismo tiempo el casero que no se le va a quedar un mal inquilino ocupando la finca, se va a evitar el juicio y le van a entregar en la fecha”. CT
