Un ciudadano obtuvo el fallo de un juez federal en contra del decreto del gobernador de Jalisco en el que se establece como zona de recuperación ambiental a El Bajío, en Zapopan.Se trata de una sentencia que ampara sólo a un quejoso, pero sienta un precedente, pues con cinco fallos similares se convertiría en una jurisprudencia que anula el decreto estatal.El juez del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que el decreto estatal implica “limitaciones, modificaciones, restricciones y prohibiciones definitivas a los predios localizados dentro de ese polígono”, según la tesis publicada ayer en el Semanario Judicial de la Federación, referida en el amparo en revisión 193/2021.Esto significa que el decreto del gobernador de Jalisco afecta el derecho de la propiedad y la posesión del quejoso, pues lo limita de la libre disposición del inmueble de su propiedad para el uso que quiera darle, “imponiéndole obligaciones de hacer y de no hacer de forma unilateral, pues no obstante de que sea el legítimo propietario o poseedor, no puede disponer libremente de él”, señala la sentencia judicial. Ante la polémica por el uso habitacional que se le daría a El Bajío, el Gobierno de Jalisco lo decretó como “Zona de Recuperación Ambiental”.La intención en el año de 2019 por parte de la autoridad estatal fue recuperar una inversión que realizó el Instituto de Pensiones y el Instituto Jalisciense de la Vivienda en un complejo habitacional en ese perímetro, pero restringió zonas aledañas para cualquier permiso de construcción en el futuro, lo que generó inconformidad y litigios entre los dueños de terrenos en la zona.El polígono protegido por el decreto estatal abarca 980 hectáreas, de las cuales 315 ya están urbanizadas. Las Villas Panamericanas, con una superficie de 16 hectáreas, forman parte de esta última categoría.
