La Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) confirmó al noveno fallecido tras el desbordamiento del arroyo El Cangrejo, ubicado en el municipio de Autlán. La dependencia estatal indicó que aún falta encontrar a una persona que se mantiene como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente la madrugada del lunes pasado. Con la víctima confirmada, suman 18 las muertes derivadas de las tormentas durante el actual temporal. Es la cifra más alta de decesos por esta causa en lo que va de la actual administración estatal. Lo anterior ocurrió pese a que de acuerdo con Víctor Hugo Roldán, titular de la UEPCBJ, se trabaja a nivel estatal con el esquema de Gestión Integral de Riesgo, bajo el cual se da a conocer a la población de los distintos municipios de la Entidad cuáles son sus riesgos según el lugar en el que habitan. “Buscamos que entiendan cuáles son los riesgos con los que tienen que convivir todos los días, y de forma conjunta tanto autoridades municipales como estatales y la Federación, en su momento dado, incluso a través de algunos entes privados, realizamos la mitigación en medida de lo posible de ese riesgo”, indicó. El funcionario añadió que lo anterior dio resultados positivos en 2022, cuando tras el huracán “Roslyn”, en agosto, no se documentaron defunciones por las lluvias. Paul César Zamora Ruíz, jefe del área de Gestión integral del Riesgo Universitario de la UdeG, indicó que hay fallas en las políticas en materia de prevención.El pasado martes, el gobernador de Jalisco señaló que algunas de las personas fallecidas tras desbordarse el arroyo El Cangrejo, en el municipio de Autlán de Navarro, vivían a las orillas del cauce e invadían zonas federales pertenecientes a la dependencia federal.“Es un tema federal, es un llamado a la Conagua para que pueda hacer un trabajo de supervisión efectiva para evitar que se sigan dando este tipo de fenómenos, desarrollo o construcción de casas en zonas que son federales, pero sí corresponde a la autoridad federal al ser un cauce de un río”, aseveró el mandatario estatal.Sin embargo, la Conagua ni siquiera tenía identificado que existieran invasiones de particulares a terrenos del municipio de Autlán de Navarro en los cuales tuviera injerencia dicha comisión, ya sean ríos, arroyos o cualquier otro cuerpo de agua en el Estado cuyos terrenos son de índole federal.Según el organismo del agua federal, mediante una solicitud de transparencia, hay 39 municipios en Jalisco en los que se tienen registradas invasiones por particulares a zonas federales propiedad de la Conagua.Entre ellos, se encuentran municipios correspondientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, en donde las invasiones se dan en las inmediaciones a algunos arroyos y/o ríos que corren por la ciudad.“La zona estaba alambrada y se tenía ganado ocupando el sitio. Hay más hectáreas invadidas y se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes”, informó en redes sociales la Comisión Nacional del Agua al respecto.En otros municipios donde hay conflictos por invasiones de particulares es en Zapopan y Guadalajara: en el caso del primer municipio está el caso del arroyo Seco, al poniente de la ciudad, cuyos terrenos aledaños han sido invadidos por particulares. En aquella zona, en 2021, hubo una inundación que afectó a cientos de viviendas.En abril de 2022, personal de la Conagua y Guardia Nacional desalojaron al menos 70 viviendas que se encontraban en zona del cauce federal.En los límites entre Zapopan y Guadalajara, en el canal de avenida Patria, también se detectaron algunas viviendas y asentamientos irregulares en la zona del cauce.De los 125 municipios, apenas un 20% tienen su Atlas de Riesgo elaborado, de acuerdo con datos de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado (UEPCBJ). Ante ello, Paul César Zamora Ruíz, jefe del área de Gestión Integral del Riesgo Universitario de la Universidad de Guadalajara, indicó que es urgente que los municipios cuenten con este, pues es la base de la elaboración de toda estrategia de prevención ante la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, ya sea derivado de la naturaleza o debido a la mano del hombre.“En ocasiones los municipios no cuentan con el recurso suficiente para desarrollar sus Atlas de Riesgo, donde se identifiquen los peligros, pues son muy costosos, y municipios pequeños no alcanzan a acceder a ellos, pero esto beneficiaría mucho porque les permite así identificar sus riesgos y tomar acciones”.LA VOZ DEL EXPERTOPaúl César Zamora Ruíz, jefe del área de Gestión Integral del Riesgo Universitario de la UdeG.El pasado martes, el gobernador de Jalisco negó que lo sucedido la madrugada del pasado lunes hubiera ocurrido a partir de hechos similares a los vividos en San Gabriel en junio de 2019, que dejaron como saldo cinco personas fallecidas.Según se determinó entonces, aquella tragedia ocurrió debido a la deforestación a partir de la cosecha desmedida de aguacate, sin embargo, aseveró que en esta ocasión se dio “por una lluvia atípica”.“No es una zona de alta productividad, por ejemplo, en el caso del aguacate. Esa zona de Autlán y El Grullo es una zona cañera, no vería yo esa circunstancia. Vamos a revisar el tema, pero lo que tenemos es una precipitación extraordinaria. No hubo como en el caso de San Gabriel un bloqueo en los puentes, cuando si recuerdan en San Gabriel se bloquearon por la bajada de troncos y ramas, en este caso no fue así, fue la cantidad de agua lo que se llevó las casas”, aseveró el mandatario.Pese a ello, Paúl César Zamora Ruíz, jefe del área de Gestión Integral del Riesgo Universitario de la Universidad de Guadalajara, señaló que no se puede descartar de inmediato la posibilidad de que la tragedia sucedida en Autlán esté relacionada con una posible deforestación, pues la región sí desarrolla actividades de agricultura, la cual detonó alrededor del 2005, ante la producción de caña y arándanos.“Eso hace que no se trabajen de manera adecuada los suelos sufriendo una dinámica que de tal manera que cuando tenemos una lluvia estos suelos ya no retienen la humedad en las partes altas, y la remoción de los mismos ocasiona que las comunidades y las personas que habitan en las partes bajas reciban las consecuencias de los aludes. Según lo que vimos en las imágenes, muy probablemente sí hubo cambios de suelo en la parte superior”, lamentó el académico.Ante ello, dijo, es necesario que se inicie una investigación de oficio por parte de las autoridades en materia de medio ambiente, como pudieran ser la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en busca de confirmar o descartar si hubo cambios de uso de suelo para beneficiar a agricultores, si se ha dado el manejo adecuado a las tierras de las producciones y quiénes son las personas responsables de ello.
