Luego de que cuatro personas se quejaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) debido a arbitrariedades en el aseguramiento de sus automóviles por parte de agentes del Ministerio Público y de servidores públicos del extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), la defensoría les da la razón y pide a la Fiscalía del Estado la reparación del daño a las cuatro víctimas.Según la defensoría, las víctimas fueron afectadas en su economía tras exigirles pagos por concepto de pensión cuando no sabían de la permanencia de su automóvil en el sitio. También detalla que incluso algunas de ellas pagaron las tarifas y más tarde les notificaron que sus automóviles habían sido rematados.Sobre los quejosos, se sabe que la primera denuncia es de una mujer a la que le fue robada su motocicleta, y al ser recuperada por policías fue enviada a un depósito de una empresa privada. Cuando la mujer acudió para liberarla, se percató de que tenía un gran adeudo bajo el concepto de pensión.La segunda es similar. Un hombre sufrió el robo de su automóvil. Luego de ser localizado por policías, fue enviado a una empresa privada. Para poder sacarlo, el hombre debía pagar 11 mil pesos por concepto de pensión.En la tercera, un hombre chocó y su vehículo fue asegurado. En su momento no hubo arreglo entre las partes. Cuando intentó recuperar su vehículo le exigieron el pago y una vez realizado, le informaron que su vehículo había sido rematado.En la última, una mujer explicó que su automóvil fue asegurado durante la investigación de un supuesto delito. Un año después, trató de liberar su automóvil, pero éste ya había sido subastado.La defensoría reitera a la Dirección de Depósitos de Vehículos que es necesario se trabaje en la notificación personal de los afectados, pues suelen desconocer el paradero de su automóvil, por lo que éstos duran largos plazos en pensiones, y eso ocasiona que no puedan pagar los conceptos de pensión.Tras un choque vial en el kilómetro 49 de la carretera Guadalajara-Ameca, un hombre perdió la vida. Según la defensoría, tanto los peritos forenses como los agentes ministeriales adscritos a Ameca no actuaron bajo los protocolos establecidos.El organismo detalla que éstos no reservaron la escena ni los indicios de la investigación, lo que evita el acceso a la justicia del ahora fallecido y su familia.Por ello, pide a la Fiscalía que se repare el daño de los familiares de la víctima, se finquen responsabilidades administrativas a los implicados y solicita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) agregue copia del caso a los expedientes de los peritos.JM
