Jalisco es el segundo Estado del país que más personas tiene en sus cárceles sin una sentencia emitida por un juez, es decir, que se mantienen en prisión preventiva.Hasta el pasado 31 de julio, en Jalisco había siete mil 154 personas procesadas por delitos del fuero común y del fuero federal, quienes no han recibido alguna pena por cumplimentar, solo por debajo del Estado de México, que tiene 11 mil 687 personas en prisión preventiva.El estado que ocupa el tercer lugar en esta materia fue la Ciudad de México, con siete mil 055 personas en prisión preventiva en alguna de sus cárceles, sin especificar si se le dictó la medida de manera oficiosa o justificada, según las cifras más recientes del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del órgano de Prevención Readaptación Social del Gobierno de México.De hecho, el número de personas en prisión preventiva en Jalisco es mayor que el de aquellas personas quienes purgan una pena por algún delito cometido. En este caso son seis mil 284 las personas las ya sentenciadas.En total, son 13 mil 438 personas quienes se encuentran recluidas en alguno de los 12 centros de reinserción y readaptación social de nuestra Entidad, aunque el número de espacios disponibles se limita a 13 mil 292 personas, lo cual habla, según los datos del cuaderno estadístico, de una sobrepoblación de 146 internos.Del total de personas privadas de la libertad, 623 son mujeres y el resto son hombres.Hoy martes se reanuda la sesión en la cual los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuten sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, luego de que ayer lunes se suspendiera la primera sesión. Esto, pese a que aunque el pleno de la Corte aún no votó, tres de los 11 ministros se pronunciaron en contra.La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se declara a personas señaladas de la comisión de delitos catalogados como graves en el artículo 19 de la Constitución Mexicana, como homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, secuestro o corrupción.Según la SCJN, "la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos", aunque el Presidente de México ha insistido en que se trata de una medida que ayuda a que la persona señalada evada la justicia mientras se reúnen las pruebas pertinentes para judicializar el caso. De ser aprobada la propuesta se declararía inválido el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.GC
