Aunque la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana no estaba contemplada para formar parte de la consulta sobre el pacto fiscal, finalmente Enrique Toussaint, coordinador de la mesa de análisis sobre el tema, informó que, una vez que esta tenga conformado su Consejo, participará.El Artículo 32 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco señala que la consulta y otros mecanismos de participación se presentan en los formatos oficiales que apruebe el Consejo.Además, en el mecanismo que se elija para que la ciudadanía participe sobre la forma que quiere ver reflejados sus impuestos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) fungirá como árbitro.“Nos gustaría algún (órgano) federal pero creemos que nos rechazaría”, expresó Toussaint durante la presentación en el Colegio de Jalisco.Agregó que la discusión no será para salirse, sino para construir alternativas para reformar el pacto fiscal y federalismo en la casa común de todos.Además, Lucía Almaraz, ex presidenta del Comité de Participación Social y vocera de la mesa de análisis del pacto fiscal, indicó que en la misma habrá representantes de la sociedad civil, del ámbito empresarial y especialistas.Por lo pronto, habrá dos comités: uno que se encargará de lo constitucional y otro de lo fiscal. El primero analizará cómo poder hacer la consulta, pues diversas leyes, entre ellas el artículo 35 de la Constitución, señalan que no se pueden hacer consultas populares sobre los ingresos y gastos del Estado.Sin embargo, pondrán a consideración abrir más que ayuden a que la ciudadanía tenga un análisis completo, así como un debate del pacto y del federalismo.Almaraz resaltó que esta no tiene fines partidistas ni gubernamentales, sino que es un espacio de discusión y deliberación de un tema en el que participarán técnicos especialistas, pues “va más allá del dinero”.Los integrantes adelantaron que la fecha de consulta podría ser dentro de un año, aunque aún no se definen fechas. Pero también que buscan un alcance nacional así como interés de la ciudadanía.Por parte del gobernador, dijo Toussaint, “no hay compromiso real de cumplir las demandas, sólo lo que se hizo público en un video. Y, aunque el costo de no hacerlo es alto, no podemos garantizar nada porque no es nuestra cancha”.“Si la mesa logra la legitimidad la carga es fuerte y el costo será para el gobernador de no tomarla (la decisión de la ciudadanía)”, expresó Almaraz.Para mantenerse como independientes del gobierno estatal, Toussaint subrayó que buscarán que los gastos que surjan de la mesa sean cubiertos por aportaciones de la iniciativa privada, sociedad civil, entre otros, exceptuando a los gobiernos.Mientras que, para obtener la información necesaria para el análisis, lo harán de la misma forma que la ciudadanía: vía solicitudes de transparencia.NR
