Al rendir protesta para cumplir su segundo periodo al frente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Romo Alarcón manifestó el desconcierto que ha generado entre el gremio el hecho de que el poder legislativo local no haya incluido en la agenda de ayer la discusión de la iniciativa para regular las actividades de los asesores de vivienda y generar, al mismo tiempo, un padrón estatal que dé certeza a la ciudadanía con respecto a los especialistas certificados que se pueden contratar como acompañamiento cuando se trata de realizar un negocio con propiedades de por medio.“La verdad es que (estamos) sorprendidos, porque no hemos logrado que se autorice esta ley. No sé si le estén llamando bien, pero es una ley mediante la cual queremos que se regule al asesor inmobiliario. (…) Todos los asesores es lo que queremos, que se regule esto. ¿Quiénes no quieren?, pues quienes quieren hacer fraude. (Lo que busca la iniciativa) es algo muy simple, es nada más dar un registro y capacitación para que identifiquemos quien sí está dentro del ramo inmobiliario”. La AMPI se acercó con la emecista Gabriela Cárdenas Rodríguez para construir, junto con ella y con otras asociaciones, la nueva Ley que Regula la Prestación de Servicios Inmobiliarios en Jalisco, aprobada en comisiones a finales del año pasado en el Congreso local.Explicó que la ley en cuestión representa una herramienta muy necesaria y puede ayudar mucho a impedir, sobre todo, la suplantación de identidad, que constituye uno de los delitos con mayor incidencia en el sector, sobre el cual figuran más de 3 mil denuncias registradas tan solo el año pasado. Por otra parte, se estima que, cada año, se pierden cerca de 600 millones de pesos por estas actividades ilícitas: “Esto es bastante preocupante para nuestro Estado, ya que Jalisco es el segundo generador de empleos en la actividad inmobiliaria, aportando entre el 11.5% y el 15% del PIB”.“Es inadmisible e injustificable que el Estado de Jalisco, siendo el segundo con mayor aporte en la materia no cuente con su propia Ley. No se puede ignorar la realidad, ya que todos podemos llegar a ser víctimas”, indicó.De acuerdo con el AMPI, el año pasado se registraron más de 3 mil denuncias relacionadas con fraudes inmobiliarios.De acuerdo con la PROFECO, los fraudes inmobiliarios se encuentran entre las 10 principales quejas presentadas ante este organismo.En el contexto nacional existen más de 80 mil agentes inmobiliarios, de acuerdo con el INEGI, y sólo el 15% de ellos se encuentran agremiados en alguna asociación con reconocimiento.Más de la mitad de los Estados del país cuenta ya con una Ley de Prestación de Servicios en materia inmobiliaria.
