El gobernador del Estado dio a conocer que solicitaría a la Fiscalía de Jalisco que iniciara los juicios correspondientes para ejercer la acción de extinción de dominio del Rancho Izaguirre, el predio utilizado como campo de exterminio del crimen organizado en el municipio de Teuchitlán, intervenido por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo.De esta forma, el Estado estará tomando posesión de la propiedad a quienes resulten propietarios del inmueble, dado que en éste se realizaban actividades delictivas, tan como lo han demostrado los indicios recopilados al día de hoy.Tan solo entre 2022 y 2023, la Fiscalía de Jalisco procesó 78 demandas, incluyendo no solo inmuebles, sino también vehículos, con el fin de poder realizar las averiguaciones correspondientes.De acuerdo con la legislación estatal, en el Estado de Jalisco, la extinción de dominio se rige actualmente por la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley establece el procedimiento mediante el cual el Estado puede declarar la pérdida de derechos sobre bienes relacionados con ciertos delitos, sin compensación para el propietario.Anteriormente, la Entidad contaba con su propia Ley de Extinción de Dominio del Estado de Jalisco. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley nacional, se abrogó la legislación estatal en esta materia. El 28 de diciembre de 2019, se emitió la “Declaratoria de Inicio de Vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Territorio del Estado de Jalisco”, oficializando la aplicación de la ley nacional en la entidad.En este sentido, la Ley Nacional de Extinción de Dominio permite al Estado ejercer dicha acción sobre bienes relacionados con delitos como delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, delitos contra la salud y trata de personas, entre otros. Esta acción es de naturaleza jurisdiccional y autónoma, independiente de cualquier procedimiento penal relacionado.Y es precisamente bajo esta figura que Lemus Navarro ha solicitado obtener la propiedad del “Rancho Izaguirre” pues según los indicios encontrados, este espacio se utilizaba no solo como campo de entrenamiento del crimen organizado, sino también como crematorio clandestino, razones suficientes para proceder al juicio que permitirá retirar la propiedad a quien resulte poseedor de la misma, sin que hasta el momento se tenga identificada a dicha persona.“Se nos ha instruido también iniciar con la extinción de dominio de este predio, para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir”, anunció el Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos a través de un video compartido en las redes sociales oficiales de dicha dependencia. Procede en los siguientes delitos: Voz del experto Rogelio Barba, Especialista en Criminología y Derecho penal de la UdeGEl académico y especialista en Criminología y Derecho penal de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba, destacó la importancia de la extinción de dominio como una medida legal para asegurar predios involucrados en investigaciones judiciales, como el terreno en Teuchitlán, Jalisco. Según el especialista en materia de seguridad, esta figura jurídica permite inmovilizar un inmueble para que las autoridades puedan realizar su labor con certeza y sin interferencias.A diferencia de un aseguramiento convencional, que aún permite la posibilidad de interponer recursos legales como el amparo, la extinción de dominio bloquea completamente cualquier intento de revocación, garantizando así que el predio quede bajo control de la Fiscalía durante el proceso.Rogelio Barba considera acertada la decisión del gobierno estatal de aplicar este recurso, ya que refleja un interés de las autoridades por esclarecer los hechos y fortalecer las investigaciones en torno al caso.Además, señaló que este tipo de acciones pueden ayudar a trazar líneas de investigación más amplias, considerando que no es la primera vez que se descubren infraestructuras similares en otros municipios.Uno de los puntos clave, según Barba, es determinar la naturaleza de las estructuras encontradas en el predio, analizando si fueron construidas con un diseño profesional o de manera improvisada. Esto podría aportar información crucial sobre la operación y posible conexión con otros casos.Esta medida no solo facilita el desarrollo de las investigaciones actuales, sino que también envía un mensaje de firmeza por parte de las autoridades en el combate a delitos de alto impacto.En recientes entrevistas, Rogelio Barba también destacó que el estado de Jalisco se ha convertido en el epicentro de las desapariciones forzadas en México. Y, señala, las autoridades deben tomar acciones decisivas para esclarecer estos hechos y responsabilizar a las personas involucradas. CT
