Miguel Castro Reynoso, ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), ignoraba cuál era la razón para la que lo citaron a nueva audiencia en los juzgados de control, donde el juez Juan Paulo Dávalos Navarro consideró modificar las medidas cautelares de resguardo domiciliario a prisión preventiva, aseveró el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Ramiro Hernández."El día 14 fue a firmar y lo volvieron a citar para el día de hoy, nunca le especificaron cuál fue el motivo. Miguel suponía que podía ser algo en relación a la medida cautelar, pero seguramente nunca se imaginó que fuera en esta proporción".Hernández consideró que, más que dictarle prisión preventiva por tres meses, el juez debió amonestarlo."Hacemos un atento llamado a la reflexión a quienes toman decisiones como ésta en Jalisco, con esta acción no solamente se está cometiendo un exceso, sino que están afectando la integridad de un hombre y de su reputación pública". En su opinión, el gobernador, Enrique Alfaro, no tiene relación con lo ocurrido. "No quiero entrar en especulaciones, yo creo que este es un tema meramente judicial".Hernández defendió que Castro siempre se ha conducido con probidad en todos sus encargos como servidor público y que nunca ha dado señales de querer evadir a la justicia, pues acudió voluntariamente a todos los citatorios de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado que lo requirió. Y al mostrar tal disposición ante los llamados de las autoridades judiciales, Hernández insistió en que se excedieron."La prisión preventiva es una medida que se impone cuando existe la presunción fundada con evidencias de que una persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. Yo hago una pregunta, ¿alguna vez Miguel Castro ha dado indicios de querer evadir la justicia? ¿En qué fundamenta la autoridad judicial al dictar prisión preventiva cuando no existe ninguna evidencia legal que apunte a una intención por escapar?". Actualmente la defensa de Castro trabaja para encontrar la posibilidad de que puedan variarse en 48 horas las medidas cautelares.LS
