Por la incondicionalidad de la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de ser cómplice, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios, del Cártel de Sinaloa, en aquella Entidad están convencidos de que le dará continuidad al proyecto político de su antecesor. Que es un cambio para que todo siga igual.Pero lo que más desconcierta dentro y fuera de Sinaloa es la permanencia de Dámaso Castro, el actual vicefiscal de aquella Entidad, que está en la lista de los 10 que pidió el Gobierno de Donald Trump, sean detenidos y eventualmente extraditados a los Estados Unidos.A diferencia de Rocha y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, que sí pidieron licencia el viernes pasado, los que siguen aferrados a sus cargos son el senador Enrique Inzunza y este vicefiscal sumamente cuestionado, cuya permanencia resta aún más credibilidad a la gobernadora interina, licenciada en trabajo social, quien ha sido dos veces diputada local, y de quien en abril del año pasado, Rocha Moya dijo que pasó de ser una “meserita” a legisladora gracias a la tómbola de Morena.Por la crisis de inseguridad que hay en Sinaloa y todas las redes de protección gubernamental que le daban a este grupo delincuencial, a la ahora gobernadora interina se le cuestiona haber sido subsecretaria de Seguridad y encargada de despacho de esa dependencia, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, el 25 de agosto de 2023, como secretario de Seguridad Pública del Estado. Desde octubre del año pasado fungía como secretaria general de Gobierno, puesto en el que la antecedió el ahora senador por Morena, Inzunza Cázarez, quien también aparece en este grupo de 10 sinaloenses acusados por Estados Unidos de ser narcopolíticos. Con esos antecedentes, la gobernadora interina podría sacudirse un poco de presión y dar un golpe de autoridad si separa de la vicefiscalía del Estado a Dámaso, quien además de los señalamientos de Washington, fue el responsable de la investigación con la que la Fiscalía de Sinaloa quiso engañar y ocultar el asesinato del diputado electo, Héctor Melesio Cuén, que se dio en el mismo lugar donde citaron con engaños a Ismael “El Mayo” Zambada, aquel 25 de julio de 2024, que lo sometieron “Los Chapitos”, lo subieron a una aeronave y lo llevaron a Estados Unidos. El cuento de que había sido asesinado en una gasolinera donde lo quisieron asaltar, y que quisieron documentar con un video prefabricado, lo exhibió como falsario cuando el abogado del “Mayo”, difundió, días después, la versión de su cliente en una carta en la que sostenía que “Los Chapitos” lo citaron a él y al gobernador Rocha Moya, para resolver las diferencias por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que tenían el mandatario Estatal y Cuén, ambos ex rectores de esa casa de estudios, y que fue ahí donde lo mataron.Por ese escándalo renunció la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, cuando debió también renunciar Rocha Moya, y con muchos más motivos Dámaso.jbarrera4r@gmail.com
