Cuando aún quedan dudas fundadas sobre el alcance de la alianza que han construido en el Congreso del Estado los partidos políticos Morena, PRI y PAN, para impulsar su versión de la reforma al Poder Judicial, surgió otro frente de batalla política en el Poder Legislativo, al aprobarse en comisiones una iniciativa para desaparecer la verificación vehicular obligatoria.Cuando fue candidato a Gobernador, Pablo Lemus Navarro ofreció públicamente eliminar el costo de la verificación vehicular, pero a cambio mantener su carácter obligatorio para contribuir a reducir la contaminación ambiental provocada por uno de los parques de automóviles más grandes del país.Las cifras vigentes indican que en Jalisco hay 2.6 millones de vehículos, pero por el retraso en la actualización de cifras, los especialistas sospechan que ya rebasamos los tres millones de unidades motorizadas.La verificación vehicular, entonces, se convirtió en la única política pública que pretende obligar a todos los automóviles a pasar por un proceso de afinación para después ser certificados y verificados. No dejarán de contaminar, pero lo harán con menos intensidad.Este esquema es el que precisamente pretenden cancelar en el Congreso del Estado.Este 27 de octubre, en la sesión de la Comisión legislativa de Medio Ambiente, que preside la diputada del Partido Verde, Yussara Canales, se votó a favor de una reforma legal bautizada como “Ley Gobel”, que elimina la verificación y establece en cambio, la afinación automotriz obligatoria, pero a cargo de talleres mecánicos que cuenten con una certificación ambiental para realizar este proceso.Lleva el mote de Alejandro Gobel, considerado uno de los fundadores del movimiento “Afinación sí, verificación no”, y quien falleció asesinado el 3 de noviembre de 2024 en San Pedro Tlaquepaque, en hechos que aún se investigan judicialmente.La diputada Yussara Canales defiende la eliminación de la verificación obligatoria como un acto de justicia, y entre otros argumentos, apela a la falta de transparencia sobre el uso del llamado “Fondo Verde”, al que se destinaban en la administración pasada que encabezó Enrique Alfaro Ramírez, los recursos cobrados en el trámite de la verificación.El dictamen aprobado deberá pasar todavía por el pleno del Congreso estatal, donde se someterá a votación. Lo más probable es que se rechace, aunque aquí nace la posibilidad de que se convierta en otro elemento más de negociación entre el bloque Morena-PRI-PAN y los diputados de Movimiento Ciudadano y sus aliados.El problema de fondo (no el político, sino el ambiental), es que el esquema de los tallares acreditados ya se aplicó durante años y fracasó por la evidente corrupción que propició el tráfico de calcas que acreditaban la afinación de vehículos.Repetir el esquema y rechazar la verificación obligatoria no garantiza que haya una reducción real de la contaminación ambiental provocada por los millones de automóviles que circula en el Área Metropolitana de Guadalajara.La cuestión es: ¿Pueden los intereses políticos y partidistas que inclinan la balanza en el Congreso del Estado resolver un problema tan grave como la contaminación provocada por los automóviles?Las evidencias reunidas durante años indican que no. Veremos a dónde nos conduce esta nueva historia de choque.
