En una decisión histórica, por ser la primera ocasión que se aplica un mecanismo así para un Estado parte, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió el jueves 2 de abril “solicitar al secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.Según el documento (CED/C/MEX/ A.34/D/1), el “comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.El mismo día de publicación del documento, el gobierno mexicano emitió un pronunciamiento, a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazando la decisión de la CED calificándolo de “parcial y sesgado”. Días después, el lunes 6 y martes 7 de abril, la Presidenta reiteró su rechazo a la decisión de este organismo garante de la Convención e incluso descalificaron que el CED no es un organismo de Naciones Unidas, sino un grupo de expertos. Pero se equivocan, como bien ha explicado el abogado Santiago Corcuera, quien fue presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada entre 2013 y 2017. Al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum parece molestarle extremadamente que el CED afirme que en México se sigan cometiendo desapariciones forzadas. Sheinbaum ha mantenido un discurso señalando que las desapariciones forzadas se cometieron en el pasado en dos momentos: uno, durante la llamada Guerra Sucia bajo Gobiernos del PRI en contra de disidentes políticos y en un segundo momento, al arrancar la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del panista Felipe Calderón. Ahora afirma que no hay una política estatal en contra para cometer desapariciones forzadas. Pero esto mismo lo reconoce explícitamente el CED al señalar explícitamente lo siguiente: “el Comité tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”. Y es verdad que esto ocurre, por lo que el empeño del actual Gobierno en negarlo, es una necedad insostenible. Las desapariciones forzadas, es decir cuándo en la comisión de este delito participa algún agente del Estado de sus tres niveles de gobierno, ocurren prácticamente en todo el país. Un caso ejemplar es Jalisco donde prácticamente una cuarta parte de las policías de sus 125 municipios han participado en privaciones ilegales de la libertad de personas que en muchas ocasiones luego son entregadas a células del crimen organizado. Los ejemplos más recientes son la participación de autoridades municipales de Teuchitlán, Jalisco en la desaparición de personas, en el contexto de los hallazgos realizados por madres buscadoras en el rancho Izaguirre en marzo del año pasado, o más recientemente con la detención del alcalde de Tequila (en febrero pasado), acusado de trabajar para el Cártel Nueva Generación. Así lo reconoce el CED en apartado del documento: “especialmente de colusión entre autoridades de los tres niveles de Gobierno con grupos criminales, siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”.¿Cuántos casos más de alcaldes de todo el país coludidos o penetrados por el crimen organizado? Pero más allá de las desapariciones forzadas, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede negar la magnitud de la crisis por desaparición de personas que tenemos en México y que nos colocan, junto con Siria, como los países con más desapariciones en todo el mundo. El gobierno mexicano debe recapacitar y aceptar esta decisión de la CED y aceptar que la crisis por desaparición de personas en México ha desbordado las capacidades que tiene el Estado para atenderlas, enfrentarlas y solucionarlas y aceptar la ayuda y asistencia técnica y financiera internacional. No por la reputación del gobierno, si no en razón de atender debidamente a las más de 130 mil familias víctimas de desapariciones en el país.
