Un trámite burocrático frena el proceso penal contra Ely Castro, la conductora de “¿Qué quiere la banda?” que cobraba 73 mil pesos al mes como asesora técnica en el Siapa y ahora está a punto de jubilarse con ese mismo salario.Hace tres meses entrevisté a Cipriano Manzanilla, fiscal anticorrupción de Jalisco. Le pregunté sobre los avances del asunto. En ese momento me confirmó que su fiscalía había concluido la etapa de investigación inicial y esperaba la fecha de audiencia por parte del juez.Traduzco lo anterior para los no abogados.Significa que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una carpeta de investigación y recabó elementos de prueba contra Castro. Una vez armado el expediente mandó un oficio al Poder Judicial de Jalisco para que un juez le asigne una fecha de audiencia inicial.En esa audiencia se presenta por primera vez la persona imputada y se le informa que la fiscalía la acusa de la comisión de uno o varios delitos. Allí se exponen los datos de prueba y se le solicita al juez la vinculación a proceso. Eso se llama judicializar el asunto.A partir de la solidez de la acusación, el juzgador decide si vincula a proceso a la persona imputada y fija medidas cautelares como prisión preventiva, no salir del país o acudir a firmar cada semana; también puede considerar que faltan elementos y desechar el caso.Antes de Manzanilla, su antecesor, Gerardo De la Cruz, prometió judicializar el caso de Ely Castro antes de terminar su encargo en febrero de este año, cosa que no sucedió.Si el anterior fiscal envió la solicitud de audiencia al juez, la misma lleva atorada cuando menos todo este año. Sin embargo, el proceso comenzó desde junio del año pasado cuando la conductora de televisión dejó el cargo en el Siapa. En su momento, De La Cruz declaró que los posibles delitos por los que investigaba a Castro eran peculado, al cobrar sin trabajar, y ejercicio indebido de funciones, al incumplir con el perfil para desempeñar el cargo en el Siapa. El primero amerita hasta 12 años de cárcel y el segundo, tres años.Manzanilla declaró ayer a un medio local que tiene alrededor de 200 solicitudes de audiencia pendientes similares a la de Castro. En la entrevista de hace tres meses me dijo que acumulaba 159 y podían demorar semanas o meses. Castro comenzó a realizar aportaciones voluntarias al Ipejal, por lo que está cerca de su jubilación con una pensión equivalente al último sueldo mensual que cobró en el Siapa: 73 mil pesos al mes.Si la Fiscalía Anticorrupción demuestra ante un juez que el nombramiento que le permitió a Castro cerrar su cotización para jubilarse estuvo viciado de origen por actos de corrupción, las autoridades podrían intentar echar abajo la validez de esos últimos períodos o castigar la maniobra por la vía penal.El trámite burocrático que frena uno de los casos emblemáticos de posible corrupción en Jalisco es tan insignificante que sólo se explica por un interés muy poderoso detrás.
