La clase política y gubernamental de este país, por conducto de la mayoría morenista y sus aliados, se salieron con la suya, y se sacudieron el contrapeso de la transparencia obligada que siempre les resultó incómodo.Luego de más de dos décadas de avances incipientes en el combate a la opacidad y a las inercias negativas de toda una cultura de ver lo público con una visión patrimonialista por parte de muchas y muchos funcionarios públicos, que nunca acabó por erradicarse, en noviembre del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que extinguió al Instituto Nacional de Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), junto con otros seis órganos constitucionales autónomos (Coneval, Cofece, IFT, Mejoredu, CRE y CNH). No habían pasado siquiera dos meses del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando cumplió puntual otra de las reformas incluidas en el paquete conocido como el Plan “C”, en el que destacaba la reforma judicial, que le heredó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero también la desaparición de los OCA’s.Pues, bien, el desmantelamiento del INAI llegó ayer a Jalisco con la instalación de la Comisión Especial que tendrá como misión el seguimiento legal para extinguir el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), órgano garante de preservar este derecho de los ciudadanos antes las autoridades estatales y municipales de Jalisco.Al igual que en las oficinas de las y los altos funcionarios federales, seguramente sus pares del Gobierno estatal y los gobiernos municipales, festejan también en sus dependencias que ya no habrá una oficina externa, ajena al Poder Ejecutivo de Jalisco, que los obligue a entregar información pública que les comprometiera por evidenciar eventuales corruptelas.Los responsables de esta comisión aseguran que su objetivo será una transición ordenada de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, que harán en tres fases para cumplir la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Transparencia que impulsó el gobierno de la 4T y que se aprobó en junio pasado en el Congreso local. Habrá que estar atentos a las leyes secundarias que se deben definir en el Congreso para saber cómo hará la Contraloría para ejercer las acciones que hacía el ITEI, y si se cumple con la promesa de diseñar de una dependencia interna con más participación ciudadana que burocrática para buscar mantener cierto grado de independencia ante el poder político y gubernamental, que evite, la decretada imposición y regreso a la opacidad, que echó a la basura la lucha ciudadana de más de cinco décadas por reglamentar el derecho a la información pública y a la transparencia gubernamental en México.jbarrera4r@gmail.com
