El descubrimiento de más de mil 800 prendas, entre ropa, zapatos, bolsas y otros enseres, encontrados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, hace casi un año por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, golpeó y sacudió la conciencia nacional al tiempo que reveló al mundo la grave crisis por desaparición de personas que atraviesa México.Los videos difundidos en tiempo real sobre lo que las familias buscadoras encontraban en ese rancho confirmaron que se trataba tanto de un campo de reclutamiento donde los jóvenes eran entrenados, pero también encontraron indicios de ser un centro de exterminio con el hallazgo de restos óseos y de hornos crematorios artesanales. La noticia de los hallazgos de estas familias buscadoras de Jalisco se convirtió en noticia principal en México, y en otros países, durante varios días y obligó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a por fin voltear a mirar la crisis por desaparición de personas que no había sido prioridad para su Gobierno durante los primeros seis meses de su administración. Aunque el rancho ya había sido explorado por otro colectivo en diciembre de 2024, las imágenes difundidas los primeros días de marzo de 2025 tuvieron un efecto impresionante, tal vez porque las pilas de zapatos y prendas amontonadas en una bodega del rancho hicieron eco con los campos de exterminio de la Alemania nazi. Esas potentes imágenes obligaron a muchos mexicanos a por fin mirar el dolor y la tragedia cotidiana que viven miles de familias que tienen a un hijo, hermano o esposo desaparecidos.Para el Gobierno, se convirtió en una crisis política que se vio obligado a enfrentar. La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a reunirse con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y también con representantes de colectivos de todo el país. De esos encuentros salió el compromiso para hacer cambios a las leyes y hacer más eficientes los protocolos y métodos de búsqueda por parte de las distintas agencias encargadas en todo el país. Ayer martes 3 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada al respecto y afirmó algo que, con alta probabilidad, va a ser cuestionado por las familias organizadas. Dijo que luego del hallazgo en el rancho Izaguirre, “a partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos, a las personas que buscan a sus hijos, a sus familiares”. Entre las medidas que destacó está la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el momento en que se presenta una denuncia por desaparición. “Eso cambia por completo, porque se reconoce el delito y hay la obligación de la búsqueda”, sostuvo.Y también destacó como un cambio relevante “el fortalecimiento de un sistema de alerta para que, una vez presentada la denuncia, se active una notificación en aeropuertos, puertos, bancos y sistemas de transporte para intentar localizar a la persona en las primeras horas” (EL INFORMADOR, 3 marzo 2026).Según la Presidenta, al mismo tiempo “también que se han encontrado a muchas personas. No es que haya un desaparecido y nunca se encuentra”, dijo, y aseguró que existen “muchísimos casos” de localización con vida.Otra vez, me temo que las familias buscadoras no estarán de acuerdo con las afirmaciones de la Presidenta. Si bien hubo personas detenidas relacionadas con el rancho Izaguirre, como el presunto responsable del reclutamiento forzado (José Gregorio “N”, alias “el Lastra”), y el mismo ex alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, la investigación de la FGR sobre los hallazgos en el rancho está detenida, según denunció Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores. “Gastaron más tiempo en decir lo que no era el rancho, pero muy poco en decirnos qué pasó”.De otro lado, en las declaraciones de ayer la Presidenta enfatizó que las desapariciones de ahora no son cometidas por las fuerzas armadas del Estado como en la Guerra Sucia de los setentas y ochentas del siglo pasado, y sugirió que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, declaraciones que pueden ser tomadas como revictimización de desaparecidos y familiares. De otro lado, como señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esta afirmación “desconoce que la responsabilidad del Estado no se limita a la participación directa de sus agentes. También comprende la aquiescencia, la colusión, la omisión y la falta de investigación efectiva”. Todo esto lo minimiza la Presidenta y omite realidades como la de Jalisco donde más de una cuarta parte de las policías municipales de la entidad han participado en desapariciones forzadas. Entonces, a pesar de lo que declaró la Presidenta, poco ha cambiado en materia de desapariciones en el país a un año del hallazgo del rancho Izaguirre.
