El poder suele declarar su amor por la libertad de expresión hasta que alguien la ejerce en su contra. Mientras la conversación pública celebra sus decisiones o repite sus consignas, la pluralidad le parece una conquista democrática. Cuando aparece la pregunta incómoda, la investigación insistente o la burla que exhibe sus contradicciones, comienza a considerarla un exceso. Ahí nace una tentación antigua: confundir el derecho a gobernar con el derecho a no ser cuestionado.La censura no siempre necesita prohibir. Puede cercar al que habla, desgastarlo, reducir sus ingresos y enviar al resto una advertencia. No hace falta cerrar todos los micrófonos si se consigue que quienes los utilizan aprendan a bajar la voz. El propósito es convertir un derecho en un riesgo: que expresarse siga siendo legal, pero resulte demasiado costoso para quien decide hacerlo.El primer cerco aparece cuando la ley deja de proteger derechos y empieza a utilizarse para administrar molestias. Conviene distinguir: periodistas, medios y comentaristas no están por encima de la ley. Pero exigir responsabilidades mediante procedimientos justificados es distinto de emplear las instituciones para agotar a quien fiscaliza al gobierno. En este último caso, la sentencia puede ser secundaria. El castigo es el procedimiento: abogados, requerimientos, gastos y meses sustraídos al trabajo periodístico.Una acusación puede fracasar jurídicamente y cumplir su propósito político. El señalado conserva la razón, pero pierde recursos económicos, tiempo y tranquilidad. Cuando se pretende convertir una parodia o una caricatura en una amenaza institucional, aparece la misma confusión: proteger al funcionario del escrutinio bajo el argumento de proteger su investidura. La dignidad de un cargo no depende de que nadie se burle de quien lo ocupa. Depende de cómo lo ejerza.Después viene el miedo. Cuando una redacción observa que investigar puede comprometer su viabilidad o que una crítica amenaza la continuidad laboral de quien la firma, comienza a calcular. Se suaviza un encabezado, se posterga una investigación, se elimina un nombre. Cada decisión parece pequeña; juntas pueden vaciar la función crítica del periodismo. La autocensura ofrece al poder una ventaja: no necesita dejar instrucciones por escrito. El silencio parece voluntario, aunque detrás exista intimidación.El cerco se completa cuando se condicionan los medios materiales para hablar. La publicidad oficial, las relaciones con anunciantes o las decisiones administrativas pueden convertirse en instrumentos de premio y castigo. El dinero público no pertenece al gobernante: no debe financiar su vanidad ni comprarle protección frente a las preguntas.La factura termina por llegar a la sociedad. Si investigar contratos, decisiones y beneficiarios se vuelve una actividad castigada, los ciudadanos pierden herramientas para vigilar a sus autoridades. Defender la prensa no exige idealizarla: hay errores, intereses y trabajos deficientes que deben cuestionarse. La respuesta democrática es contrastar información, exigir rigor y debatir; no utilizar al Estado para disciplinar a quien publica. La crítica al periodismo también es legítima. La represalia institucional es otra cosa.Esta defensa no admite lealtades selectivas. No se puede condenar el hostigamiento del adversario y justificar el del gobierno propio. Se necesitan defensas jurídicas frente a litigios abusivos, transparencia en la publicidad oficial e independencia financiera. Pero primero debe reconocerse un límite elemental: ganar una elección autoriza a gobernar, no a administrar el silencio. La libertad de expresión no se mide por el espacio que tienen quienes aplauden al poder, sino por el que conservan quienes lo incomodan. Cuando disentir exige heroísmo cotidiano, la democracia ya tiene un problema: el gobierno está dejando de escuchar a los ciudadanos para exigirles comportamientos de súbditos.
