Pasaron semanas, meses, más de un año, para que el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, reconociera por fin que atravesamos una grave crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo hizo finalmente al anunciar el despido del anterior director del Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba y declarar la llegada de un nuevo director, Ismael Jáuregui Castañeda, un viejo amigo y colaborador del titular del Poder Ejecutivo estatal.La crisis es reconocida por el gobernador muy tardíamente. De hecho, los reportes por mala calidad del agua (agua turbia o con mal olor) vienen al menos de dos años atrás, han reconocido los especialistas. Pero la situación se ha agravado sobremanera en últimas semanas en las que incluso el agua ya no solo llega turbia (color tejuino, según la describió bien el gran monero Qucho) sino que incluso se sirvió agua de color negro el lunes pasado en la Colonia Jardines del Country. A los vecinos de esta colonia les empezó a llegar agua negra pero además con mal olor. Según la crónica publicada ayer en este diario, una vecina, Galilea dijo que no sabía qué era peor: “Si el agua muy negra que estaba saliendo de la llave de paso o que olía a drenaje”.“Hoy está saliendo completamente negra, con un olor muy, muy feo a puro drenaje”, dijo. Su esposo mencionó que limpiaron el tinaco hace una semana, pero el agua salió oscura.La crisis del agua en Guadalajara llegó a un punto tal que ya no sólo es la falta de ella o la calidad del agua, sino que de hecho el organismo operador está sirviendo agua que puede enfermar a los usuarios pudiendo convertirse en una grave crisis de salud pública. Es de tal magnitud la crisis que desde hace tiempo el gobernador debió intervenir y actuar en consecuencia a la crisis convocando a una gran mesa de trabajo con todos los especialistas o incluso decretando casi un “botón rojo” cómo se hizo en pandemia.El gobernador, otros funcionarios y especialistas, tienen razón cuando dicen que esta no es una crisis reciente, sino que se fue incubando desde hace varios años, décadas incluso. Ya van a cumplirse 30 años desde que debido a un debate en el Congreso del Estado por una propuesta para adquirir un crédito japonés para realizar infraestructura hídrica en el Estado, los diputados locales Raúl Padilla López (el extinto rector era diputado del PRD) y el panista José Manuel Verdín se dieron empujones en la mesa directiva del Congreso a causa de este debate.En estos 30 años prácticamente se hablan de los mimos problemas: el agua sucia que viene de Chapala por el acueducto, la necesidad de renovar la infraestructura del SIAPA debido a que por su vejez se filtra hasta 40 por ciento del agua que distribuye, la necesidad de renovar las plantas potabilizadoras entre otras, la de Miravalle que está por cumplir 70 años.Si desde hace 20 años esta planta potabilizadora ya era vieja, la pregunta es por qué en las pasadas tres administraciones sexenales no se actuó para corregir lo que ya se sabía que fallaba y era viejo. Ahora vemos que la declaración del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez de que había solucionado el problema del abasto para Guadalajara para los siguientes 50 años no eran tan cierta y en todo caso, más una pose de un político que quiere pasar a los libros de historia con puras declaraciones. Los que menos podemos decir es que nuestra clase gobernante fue negligente al encarar esta grave crisis del agua. Y la misma nos revela un patrón de actuación de la clase política jalisciense (y nacional): administrar las crisis, no encararlas de fondo ni resolverlas. Lo que señala para la crisis del agua puede decirse también del grave problema de contaminación que existe en el río Santiago que declarativamente se ha decretado limpio, pero que en los hechos, los mil metales pesados que lo siguen contaminando continúan envenenando y enfermando a los habitantes de su ribera, especialmente a los de El Salto y Juanacatlán.Lo mismo ocurre con el deficiente sistema de transporte público que existe en la zona metropolitana de Guadalajara que sigue expulsando usuarios para convertirlos en motociclistas o automovilistas. Y lo mismo ocurre con la pésima calidad del aire que envenena el aire que respiramos los tapatíos.Hace 32 años se instauró el sistema de monitoreo de aire y se anunció que por fin se empezaría a limpiar el medio ambiente. Lo mismo ocurre con el problema de inseguridad que se ha convertido ahora en una crisis por desaparición de personas. Por eso me atrevo a afirmar que no tenemos sólo una crisis del agua, sino una crisis de gobierno, con una clase política que lucra con el poder público para beneficio de los partidos y grupos políticos y que usan el poder para lucirse en Instagram y hacer negocios a trasmano con sus amigos empresarios, pero no se dedican a cumplir con lo que prometieron al tomar el cargo: servir a la sociedad. Si así fuera, hace tiempo que se irían resolviendo los graves problemas que padecemos y que, todos, terminan por convertirse en una crisis, como la que ahora tenemos con el agua.
