El reporte, informe, sumario o conclusiones de las “investigaciones” —hasta el momento— del Rancho Izaguirre en Teuchitlán que ayer dio a conocer el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hablan de negligencia, irresponsabilidad e indolencia por parte de las autoridades en Jalisco.Se sabe que desde hace muchos años —por lo menos desde 2012— ese predio operaba como centro de adiestramiento por los testimonios de cinco sujetos que presuntamente lograron escapar de ese lugar donde el cártel Nueva Generación reclutaba a jóvenes con engaños o a la fuerza, pero fue hasta el pasado 18 de septiembre en un operativo de la Guardia Nacional que se logró la detención de 10 personas y el rescate de dos secuestrados, donde las autoridades del Estado “tomaron cartas” en el asunto. Durante casi seis meses el lugar se abandonó, el caso se olvidó y tuvo que ser el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco quien hizo el macabro descubrimiento que deja exhibida a la autoridad de nuestro Estado.Por lo pronto, sobre la administración de Enrique Alfaro recae toda la responsabilidad. Durante dos meses y 17 días —a partir del 18 de septiembre, fecha del enfrentamiento, y hasta el 5 de diciembre que dejó el cargo— era su obligación que se actuara de acuerdo a la ley, a la gravedad de los hechos y a la altura de las circunstancias.Lo expresado ayer por el fiscal General de la República, donde habla de que en el caso de Teuchitlán no se siguieron los procedimientos o protocolos para el rastreo de huellas o indicios, con el proceso de las prendas encontradas, de los vehículos incautados, de la investigación a fondo del inmueble, del debido procesamiento de las armas encontradas, de dictámenes finales de análisis físicos y químicos que se vinculen a las zanjas localizadas, de no darle seguimiento a las declaraciones de los detenidos y víctimas liberadas, de no asegurar el predio debidamente y de “archivar” el caso, nos hablan de la irresponsabilidad de la autoridad en turno y, de paso, de la exhibida que se dan públicamente.Pero vamos a ser honestos. Teuchitlán —parafraseando el eslogan de una cadena de noticias— “abre la conversación”, pero casos similares al Rancho Izaguirre los tenemos en todo el país. Dondequiera hay el conocimiento de los ilícitos que se cometen, pero los testimonios se desechan, los procedimientos se ignoran y los asuntos se archivan por desinterés, compromisos y un “valemadrismo institucional”.Usted, ¿qué opina?
