En el vecino y también conflictivo estado de Zacatecas fue suficiente el caso de un retraso de ocho meses en la entrega de un cuerpo de un joven desaparecido, para que se cesara y se iniciaran investigaciones conta directivos del Servicio Médico Forense, que como el de Jalisco sufre un colapso y agrava el problema de las desapariciones, en lo que corresponde a la identificación y entrega de los cadáveres a sus sufridos familiares.En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se han sabido de casos de espera de mucho tiempo más y nada ha pasado. Ningún deslinde de responsabilidades ha habido en la actual administración estatal pese a las constantes quejas de las personas buscadoras y los colectivos a los que pertenecen, así como de las organizaciones que los apoyan.Ayer se supo del caso de María Guadalupe Alcalá, una joven de Tlajomulco que a la edad de 16 años desapareció un 24 de marzo de 2016. Su cuerpo llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) en septiembre de ese mismo año, pero a su familia le acaban de avisar antier, luego de ochos años de angustia, dolor y búsqueda.Como lo refería, por haber tardado ocho meses en notificar que tenían a su hija en el Semefo, la madre buscadora de Zacatecas acudió al congreso de aquella entidad la semana pasada para denunciar que el mismo mes de la desaparición de su hijo el 2 de noviembre del 2023, su cadáver llegó a la morque oficial, pero nadie le avisó hasta hace unos días.Eso bastó para que el Fiscal zacatecano, Cristián Camacho Osnaya, cesara al director y subdirector de Servicios Periciales y anunciara que iniciarían investigaciones para determinar las sanciones correspondientes por las eventuales comisiones cometidas para que se provocara este retardo. Aunque en abril del 2023 un juez lo exoneró, Luis Octavio Cotero Bernal, quien fuera el director del IJCF en la pasada administración, fue cesado e investigado en septiembre de 2018, junto con una subordinada, por el caso conocido como el del “Tráiler de la Muerte”, por haber sido descubierto deambulando por la ciudad cargado con más de un centenar de cadáveres que no tenían cupo en el Semefo. Ese fue el primer síntoma de la crisis y el caos que desde entonces se vivía en esa institución. Pese a que esta crisis se ha vuelto crítica por el incremento en el número de homicidios en el actual sexenio de Enrique Alfaro, y por la mutilación de cuerpos que ha aumentado la sobrecarga de trabajo para los peritos sin que se destinen más recursos para aumentar la capacidad de operación del Semefo, las autoridades se han negado siempre ha reconocer el colapso forense que acusan las personas buscadoras y que quedó evidenciado ayer una vez más con el caso de Lupita y el retraso de ocho años en su identificación. Por eso la pregunta es si esta vez el IJCF dejará de ser intocable y se les llamará a cuentas a sus responsables.
