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Teuchitlán, oportunidad o encubrimiento
Teuchitlán, oportunidad o encubrimiento
Cuando les estalla una crisis, casi de manera reactiva o instintiva, los gobernantes en turno se sienten tentados a administrarla y manejarla para evitar que ese acontecimiento les cause un daño político. Ahora, con los hallazgos de un centro de entrenamiento y de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, desde el Gobierno federal se ha tratado de manejar el caso de manera política para evitar que se convierta en problema para el Gobierno federal.
Responsabilizado en buena medida por el Gobierno federal, el Gobierno estatal de Pablo Lemus Navarro ha asegurado que no se dará carpetazo a este caso y que colaborarán en todo con las autoridades federales para avanzar en la investigación.
Por su parte, directamente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que se pondrá por delante a las víctimas, a la vez que anunció un plan de seis puntos para mejorar la política contra las desapariciones en el país. Pero es insuficiente. Lo peor de todo es que pretendan simular que investigarán el caso y que al final presenten a unos chivos expiatorios solo para calmar la presión social que este caso les ha generado.
Los Gobiernos, especialmente el federal que encabeza Claudia Sheinbaum, deben tomar el caso Teuchitlán como una oportunidad para cambiar en serio en materia de seguridad y especialmente para encarar la crisis por desaparición de personas y la crisis forense, asociada a esta.
Se debe asumir de una vez por todas que México atraviesa una crisis humanitaria de grandes proporciones con más de 125 mil desaparecidos y más de 72 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses de la República. Ningún país del mundo tiene tantos desaparecidos y tantos restos por identificar como México. Esta realidad debe ser el punto de partida para asumir esta crisis.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum debe evitar la tentación de solo administrar la crisis generada por el centro de entrenamiento de Teuchitlán y, peor aún, que se trate el caso como si fuera un montaje de sus adversarios, sean de algún partido político o de un cártel criminal. La peor salida de todas sería ver a los colectivos de madres buscadoras, específicamente a Guerreros Buscadores de Jalisco, que encontró y dio a conocer los hallazgos del centro de exterminio del rancho Izaguirre, como adversarios o como piezas movidas por los hilos de algún partido o personaje político.
Lo más sensato sería ver el caso Teuchitlán como una oportunidad para, de una vez por todas, por fin encarar la crisis por desaparición de personas que conduele a cientos de miles de personas en todo el país.
¿Qué hacer para hacer de Teuchitlán una oportunidad? Antes que nada, reunirse directamente con representantes de las madres buscadoras, escucharlas, atender sus demandas y junto con ellas trazar una nueva política frente a las desapariciones del país. Se necesitan cambios inmediatos; el primero de ellos debería ser nombrar a una nueva persona al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en consenso con las familias organizadas. La actual titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, no tiene ni los conocimientos suficientes del tema ni la empatía necesaria para tener una relación solidaria con los colectivos de familiares que buscan a sus hijos.
Al mismo tiempo, debe destinar más recursos humanos y financieros y hacer una convocatoria extraordinaria para poner todos los recursos tecnológicos y de inteligencia que tiene el Estado mexicano al servicio de una nueva política en contra de las desapariciones en México. Al final, los recursos del Estado son recursos pagados por la sociedad y se le tienen que regresar a la propia sociedad.
Se debe reorientar la política contra las desapariciones y poner en el centro de esta política la búsqueda en vida, pues en muchos casos (como indica la experiencia de Jalisco) después de una denuncia, el Ministerio Público abre una carpeta, pero nunca más hacen una diligencia y menos buscan en vida a la persona desaparecida.
Debe tomarse la crisis forense realmente como extraordinaria y, por lo tanto, crear instrumentos extraordinarios para afrontarla. Ya lo dijeron expertos de la ONU hace dos años: al ritmo actual, llevaría 120 años a los servicios forenses del país identificar a los más de 72 mil restos humanos acumulados en los semefos del país.
En fin, Teuchitlán debe ser afrontado como una oportunidad para reorientar la política contra las desapariciones o, de otro modo, se estaría encubriendo un caso más que ha irritado e indignado a la sociedad.
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