El sexenio del priista Aristóteles Sandoval Díaz (asesinado hace cuatro años) terminó con una crisis que se convirtió en una nota de alcance internacional: en la tercera semana de septiembre de 2018, las autoridades de Jalisco paseaban de manera indebida e indigna en tráileres refrigerados por distintos municipios de la zona Metropolitana de Guadalajara. Los “tráileres de la muerte” se les etiquetó en la prensa, tanto seria como sensacionalista. Los mal llamados “tráileres de la muerte” nos revelaron tanto a la sociedad de Jalisco como del país, que asociada indisolublemente a las desapariciones estábamos en medio de una crisis forense de proporciones incalculables.El escándalo fue de tales dimensiones que obligó al gobernador Aristóteles Sandoval a dar la cara y prometer atender la crisis existente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y hacer lo posible para solucionarla. Tres meses después, el gobernador priista entregó el Poder Ejecutivo a Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, quien en su momento se comprometió a enfrentar este problema. Pero no ocurrió así.Un sexenio después, la crisis forense sigue aquí y probablemente agravada, como se puede confirmar al revisar casos gravísimos que se han dado a conocer en estos días. El colectivo Buscando a Nuestros Tesoros Lagos de Moreno denunció el pasado 16 de diciembre una de las tragedias que la burocracia y la crisis forense hacen padecer a las familias. Se denunció el caso de Diego Iván, un joven que desapareció el 11 de septiembre de 2018 en Lagos de Moreno. Tres días después, el 14 de septiembre de 2018, sus restos ingresaron al IJCF del municipio. A pesar de ello, las autoridades forenses no lo entregaron a su familia, e incluso ocurrieron omisiones o negligencias extremadamente graves, pues desde el 9 de julio de 2019 personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, entonces a cargo de Raúl Sánchez, firmó y selló un oficio “con la notificación de un dictamen de genética emitido por el IJCF donde se informa la compatibilidad de Diego con su madre al 99.9%”, reportan en su comunicado el colectivo de Lagos de Moreno.Es decir, el cuerpo de Diego Iván permaneció 6 años, 3 meses y 5 días sin que se los entregaran a sus familiares. Son 6 años, 3 meses y 5 días en los que la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades forenses le negaron a la familia la posibilidad de enterrar a su hijo y cerrar debidamente su duelo.Pero estos casos se repiten por decenas, tal vez por cientos. A veces pasan ocho años sin que el cuerpo de un hijo buscado sea entregado a sus familias. No se trata solo de exceso de trabajo. Claro que hay más desaparecidos y fallecidos por identificar. Pero algo más grave ocurre en el IJCF, que tiene que ver con ineficiencia, despilfarros, falta de comunicación y hasta falta de empatía con los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos.Trabajadores del IJCF denunciaron recientemente, en una carta anónima dirigida a los colectivos que buscan a sus desaparecidos, que en ese instituto existen anomalías e irregularidades, como las siguientes: Denuncian que el director, Gustavo Quezada Esparza, no respeta los protocolos de investigación, no cuentan con insumos básicos, faltan computadoras (“los tres médicos que trabajan en fosas comparten una computadora”); denuncian aviadores, recomendados y otros que acuden a matar el tiempo sin hacer nada. Revelan que el director prohibió al personal de la caseta de vigilancia que se le permitiera el ingreso a la señora Guadalupe Aguilar, de Fundej. Reportan que el director se niega a aceptar identificaciones por segmentos dentales, a pesar de que los colectivos lo aceptan, y que se le tiene prohibido a los trabajadores del IJCF compartir información con la Comisión Estatal de Búsqueda respecto a la identificación de personas.Lo más grave de todo es que denuncian que, en muchos casos, se entrega un cuerpo a la familia sin que se tenga la certeza de que es el de la persona que andan buscando. Dice una parte del comunicado: “hemos recibido la orden de que se armen cuerpos con los diversos segmentos que existen, no obstante de que no se tenga la certeza de que las partes incluidas en determinado cuerpo pertenezcan al mismo perfil genético”. Son denuncias gravísimas que deben ser investigadas. Ya pasó el sexenio de Alfaro sin que se admitiera y mucho menos resolviera la crisis forense. Pablo Lemus está obligado a no dejar de admitir esta crisis y enfrentarla. Debe empezar por intervenir a fondo en el IJCF.
