Sí al artículo 34

En el año 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a visitar México. Entre el 15 y el 27 de noviembre de dicho año, un grupo de personas expertas independientes de dicho organismo estuvo documentando la grave crisis de desaparición en nuestro país, reuniéndose con víctimas y visitando 13 Estados. En ese momento no determinó la aplicación del Artículo 34, sino que sólo manifestó su preocupación por la gravedad de la situación, hasta que en abril de 2022 emitió un informe amplio en el que presentó una serie de recomendaciones al Estado mexicano para crear una política pública que prevenga y erradique las desapariciones, mismas que, por supuesto, fueron desatendidas. Así que antecedentes hubo, y hoy nadie puede llamarse sorprendido o indignado.

El CED es un órgano de Naciones Unidas que vigila y supervisa la aplicación por parte de los Estados que son parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, misma que fue ratificada por México en el año 2008 y entró en vigor en 2010. El CED había solicitado al Gobierno mexicano visitar nuestro país desde el año 2013 y, a partir de 2015, diferentes organizaciones y colectivos de búsqueda les solicitaron la aplicación del Artículo 34, haciéndoles llegar múltiples documentos, pruebas y testimonios que daban cuenta de la grave crisis de desapariciones en México.

Pero ¿qué es y qué implica el Artículo 34? Simplemente, cooperación, no una sentencia. Es decir, dicho artículo reconoce la gravedad de la situación de desaparición en un territorio al considerarla sistemática y generalizada, lo cual significa que tiene que ser atendida de manera estructural, es decir, en todos los componentes de la sociedad y el Estado. El Artículo 34 conmina a los estados a aceptar cooperación y a recibir asistencia para resolver esta crisis. Ante esto, el Senado de la República emitió un comunicado negando que las desapariciones forzadas sean generalizadas y sistemáticas, dos palabras que los sacaron de balance porque perciben que el Gobierno de Morena del sexenio anterior está siendo amenazado por la búsqueda de verdad y de justicia ante el fracaso inminente de su política institucional contra las desapariciones. Solo hay que recordar su inaudita táctica de revisar el padrón de desaparición con los llamados Servidores de la Nación para “desaparecer a los desaparecidos”, o qué decir de la negativa de López Obrador de reunirse con las víctimas de desaparición.

Particularmente fuera de sí, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha estallado de manera iracunda y ridícula en diferentes declaraciones en las cuales niega que el Estado mexicano cometa el delito de desaparición forzada en el sexenio anterior o en el presente. Fernández Noroña ha dicho una serie de dichos mal fundados hacia el CED, en donde les acusa de emitir declaraciones “frívolas, facciosas y atraviliarias”; y exigió que se le demuestre que “hay un solo caso de desaparición forzada” por parte del Estado. De inmediato, personas expertas del periodismo y organizaciones de la sociedad civil le recordaron que solo la FGR tiene abiertas 697 carpetas de investigación contra funcionarios del Gobierno federal por el delito de desaparición forzada; que la Guardia Nacional tiene tan solo 1,772 quejas en la CNDH de 2019 a 2024 por diferentes delitos, incluido el de desaparición forzada. O, por ejemplo, que Jalisco documenta al menos 160 casos de desaparición forzada cometida por policías municipales, estatales o elementos de la fiscalía, tal como lo documentó el diario NTR. Señor Noroña, su problema es semántico, entendido desde una concepción casi prehistórica: en los 70’s se hablaba de desaparición ideológica, hoy es de Estado; de un Estado desmantelado que no sabe cómo actuar.

México tiene documentadas a más de 127 mil personas desaparecidas que reconoce el Estado, 72 mil cuerpos sin identificar y a 27 personas buscadoras asesinadas del 2010 a la fecha por solo buscar a sus familiares que se encuentran en esta condición. El Artículo 34 del CED busca acompañar al Estado mexicano en la construcción de una nueva política pública que atienda este delito de lesa humanidad, buscando cooperación, verdad y justicia. La cooperación no es una amenaza, es un deber, y es una deuda que tenemos con todas las víctimas. Por eso, sí al Artículo 34 del CED y una absoluta exigencia a que el Estado mexicano deje de negar la crisis y coopere para acabar con este grave flagelo que nos hace vivir con miedo y permanente indignación.