Que la megafuga de hidrocarburos registrada el viernes en la comunidad de Tololotlán, en el municipio de Tonalá, haya quedado en sólo una advertencia de los graves riesgos a la seguridad de las comunidades que representa el huachicoleo, adquirió, sin duda, tintes milagrosos. Como lo comenté ayer, de haber existido una chispa se hubiera provocado toda una conflagración con consecuencias que todos hubiéramos lamentado. Una tragedia similar a la que ocurrió en la comunidad de Tlahuelilpan, donde los delincuentes ordeñadores de gasolina de los ductos de Pemex provocaron la muerte de 137 personas en enero de 2019. Este episodio trágico sobrevino a principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, justo cuando el tema del robo de hidrocarburos era la bandera principal del Presidente para demostrar cómo su Gobierno sí empezaría a resolver los problemas de la delincuencia y la inseguridad pública. Como es evidente y lo demuestran las cifras en Jalisco y en el país, el combate al huachicoleo y al crimen organizado que lo comete, quedó sólo en los discursos. Pero el crecimiento indiscriminado de más del 300 por ciento de tomas clandestinas que se registró del 2022 al 2023 en Jalisco y que comenté ayer aquí, debe hacer reaccionar a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que esta tercera advertencia sin daños personales que lamentar no pase en vano en Jalisco. Habrá que recordar lo ocurrido en la peor tragedia colectiva que hemos vivido como tapatíos el 22 de abril de 1992, por lo que fue el primer asomo de la negligencia criminal que implica el robo de hidrocarburos. En aquella ocasión los operadores de Pemex vertieron a los drenajes de la ciudad millones de litros de gasolina que más tarde causaron la gigante explosión.Ni la muerte y destrucción descomunal causada en aquella fecha, ni el daño al patrimonio nacional que implica el huachicoleo, hizo que se erradicara este delito que ha crecido como parte de la diversificación de actividades del crimen organizado, que implica necesariamente toda una trama de corrupción de funcionarios de Pemex y las corporaciones federales encargadas de su vigilancia, así como de la vista gorda de la Policía estatal y las policías municipales. Otra advertencia en Jalisco de lo pernicioso y del poder corruptor y de fuego que les da a las mafias la ordeña de combustibles de Pemex, vino hace casi una década, cuando en mayo del 2014 ocurrió un ataque de miembros de la delincuencia organizada que dejó la muerte de cuatro militares en el municipio de Guachinango. Luego de aquel atentado, considerado uno de los más violentos contra soldados y que sucedió luego de que decomisaron miles de litros de gasolina robada, se anunciaron operativos coordinados entre corporaciones federales, estatales y municipales para enfrentar el que ya entonces era un creciente delito en el que las mafias encontraron una enorme fuente de enriquecimiento ilícito.Ojalá esta tercera advertencia que significó el milagro del saldo blanco en Tololotlán contribuya en algo para empezar a combatir la simulación en la persecución y castigo a los huachicoleros, antes que la tragedia nos alcance otra vez. jbarrera4r@gmail.com
