Recién aparecieron cientos de peces muertos a orillas del Río Santiago, el más contaminado de México. El gobierno de Jalisco, en medio de una campaña publicitaria para defender que “revivió” el Santiago, respondió esto:“Entre los factores causantes de la muerte destacan las fuertes precipitaciones y el desbordamiento del cuerpo de agua que sacó a los peces del cauce, falta de oxígeno y arrastre de plaguicida focalizada en las zonas de cultivo”. El comunicado oficial remata: “La muerte de los peces fue un caso extraordinario, puntual y aislado”. Tenemos dos opciones. Le creemos al gobierno o ejercemos nuestro derecho de réplica: ¿qué evidencias sostienen esa versión? ¿Por qué creerles, sin más, en este asunto tan delicado? El gobierno de Jalisco sostiene que la Comisión Estatal del Agua (CEA) analizó más de 50 parámetros en el río Santiago que descartaron contaminación, pero no transparenta el estudio para realizar una verificación independiente por terceros o universidades. Ahora, ¿por qué 50 parámetros? ¿Son muchos o pocos? Si estaban en rango, ¿según qué norma nacional o internacional? El gobierno también sostiene que “revivió” el Santiago, pero no muestra datos concretos y comparativos de la calidad del agua antes y después de la inversión de 4 mil 300 mdp que presume. Sobre la idea de que una lluvia atípica desbordó el río y sacó a los peces del cauce, no explica la magnitud de precipitaciones ni el nivel de desbordamiento. ¿Por qué ocurrió justo ahora y en ese punto? ¿Por qué nunca antes había ocurrido? Recién leí una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada: “Derecho de réplica. La información oficial exige verificabilidad reforzada” (Registro 2018621). Los ministros argumentan que la información oficial sólo es una versión más entre las diversas que surgen sobre un hecho público. No es verdad irrefutable. La variedad de puntos de vista es necesaria porque hablamos de acontecimientos de trascendencia pública. Los togados dicen que cualquier versión oficial requiere de una “verificabilidad reforzada” (sé que suena pedante, pero si leemos con atención revela su significado profundo). Los medios se convierten así en canales de deliberación o foros de debate de los asuntos públicos. Periodistas y ciudadanos debemos buscar la mayor variedad de puntos de vista. Eso alienta los controles y la evaluación de las actividades gubernamentales. Es una forma eficaz de vigilar al poder público y hacerlo rendir cuentas. Perdón si me puse muy jurídico. Todo lo anterior es para decir que la justificación sobre la muerte de los peces resulta inverosímil como afirmar que se trató de “suicidio colectivo”, un “autoatentado” o que murieron “ahogados” por salirse del caudal. Por lo pronto, ya solicité por transparencia el estudio de la CEA. Que nunca falten la variedad de puntos de vista aunque no le guste a los gobernantes. jonathan.lomeli@informador.com.mx
